Celaya, Gto.- Después de 18 años de que un camión de transporte público de la empresa Enrique Velasco Ibarra —ahora llamada Lebaatropelló a Lupita Tapia Campos cuando ella tenía 11 años, hoy todavía busca justicia y que la empresa concesionaria pague la sentencia emitida por un juez, ya que necesita realizarse una operación de cambio de prótesis de su cadera. Esto, en el municpio de Celaya.

Lupita y su papá, Carlos Tapia, buscaron este lunes al alcalde Juan Miguel Ramírez para que el municipio le exija a la empresa que cumpla con el pago que marca la sentencia de un juez por alrededor de tres millones de pesos, además de una pensión vitalicia, gastos y costas.

Tras ser atropellada a los 11 años, hoy requiere cambio de prótesis; empresa no ha pagado indemnización ni pensión ordenada por juez.

Sentencia sin cumplirse tras 18 años

Carlos Tapia, papá de Lupita, señaló que en este momento Lupita necesita una operación de cambio de prótesis de su cadera, para lo cual se necesitan al menos 700 mil pesos.

“La sentencia es que paguen 3 millones 600 mil pesos, de los cuales ofrecen 500 mil, y ahorita la operación de Lupita le cuesta 350 de cambio de prótesis de cadera. La petición al presidente es que les exija a la empresa que paguen, además de la pensión vitalicia que tienen que pagar veintitantos cada mes… Los 500 son poco, pero que ya que le den los 700 mil pesos para que solvente bien Lupita sus necesidades. Lupita ahorita necesita un cambio de placas de prótesis y más adelante otra vez va a haber cambio de placas dentro de 10, 15 años otra vez”, afirmó Carlos Tapia.

El 29 de julio de 2008, Guadalupe Tapia Campos viajaba junto a su mamá en una motocicleta cuando en el cruce de las calles Albino García y Las Fuentes fueron atropelladas por el camión MCE-0821 de la empresa EVI, el cual pasó por encima de la pierna izquierda y la cadera de la menor, que en ese entonces tenía 11 años.

Desde ese entonces Lupita ha requerido de 22 operaciones de cadera y pelvis, injertos, cambios de hueso y piel, pero además perdió su matriz, tuvo problemas hormonales que le impidieron su crecimiento, aunado a los problemas psicológicos que le dejó el accidente.

Desde el accidente, el señor Carlos Tapia ha pedido a todos los alcaldes y Ayuntamientos en turno que no permitan que trabajen los camiones de la EVI hasta que se hagan responsables. Cada administración ha buscado a los presidentes municipales que han gobernado Celaya para que intercedan y le ayuden a que los responsables paguen la indemnización.

Lupita Tapia Campos hoy tiene 29 años; camina con mucha dificultad debido a que el vehículo le pasó por encima de sus piernas y su cadera cuando ella tenía 11 años, y en la actualidad no soporta los dolores que le causan la falta de una nueva prótesis y los injertos que tiene en su pierna izquierda.

La joven dice que para ella la justicia nunca llegó; en la actualidad se dedica a poner extensiones de cabello o de pestañas y otras cuestiones de belleza, pero por el momento no puede trabajar por los dolores tan intensos que tiene.

El juicio en contra de la empresa Enrique Velasco Ibarra (EVI) empezó en 2009 y se terminó el 10 de mayo de 2017, hace 9 años, pero a la fecha no se ha podido ejecutar la sentencia porque los responsables se niegan a pagar a la afectada.

Pese a una sentencia por más de 3.6 mdp, empresa de transporte no ha pagado; víctima requiere cirugía urgente de prótesis de cadera.

El padre de la afectada recriminó que todas las administraciones han permitido que la línea de microbuses EVI siga operando como si nada hubiera pasado, cuando el accidente provocó que le cambiara totalmente la vida a su hija desde que ella tenía 11 años.

Carlos Tapia dijo que su hija no podrá ser mamá nunca, ya que le quitaron la matriz debido a que el camión le pasó completamente por encima y la empresa transportista responsable no ha querido pagar la indemnización ni la pensión vitalicia a la que están obligados.

Carlos Tapia pidió al alcalde que lo apoye para que la empresa pague la indemnización, pues aunque ya ganaron el juicio, no se ha hecho justicia y el gobierno municipal nunca estableció alguna sanción en contra de la EVI.

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