La funcionaria presentó este balance durante la conferencia matutina de la Presidenta y detalló que, en el mismo periodo, la dependencia presentó 517 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra servidores públicos.
De acuerdo con Buenrostro, las denuncias surgieron de investigaciones por faltas administrativas en las que se encontraron elementos que podrían constituir delitos.
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Entre los delitos identificados en las investigaciones se encuentran enriquecimiento ilícito, uso ilícito de atribuciones, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude y peculado.
La Secretaría explicó que una irregularidad administrativa puede derivar en dos vías distintas: un procedimiento para determinar responsabilidades administrativas y, cuando existen elementos que podrían constituir un delito, una denuncia ante la Fiscalía.
“Algunas faltas administrativas son delitos y van acompañados no sólo a tribunales para sanción administrativa, sino que se envían denuncias a la Fiscalía General de la República”, explicó Buenrostro.
La vinculación a proceso, cabe señalar, no equivale a una sentencia condenatoria. En casos previamente reportados por la propia Secretaría, la dependencia ha reiterado que las personas vinculadas mantienen su presunción de inocencia mientras continúan los procedimientos judiciales.
Más de 4 mil servidores públicos recibieron sanciones administrativas
Además de las investigaciones que llegaron al ámbito penal, la Secretaría Anticorrupción reportó 4 mil 193 servidores públicos sancionados durante los primeros dos años del Gobierno de Sheinbaum.
Del total, 3 mil 528 correspondieron a faltas no graves y 665 a faltas graves.
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Entre las irregularidades detectadas se encuentran la autorización de pagos indebidos, la sustracción de información oficial y el pago por bienes o servicios que no fueron entregados.
También se identificaron compras sin justificación, falsificación de documentos y casos de hostigamiento y acoso sexual.
La dependencia indicó además que mil 737 servidores públicos fueron enviados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). De ellos, 87 ya habían sido notificados como sancionados, mientras que mil 650 continuaban en proceso.
Empresas y particulares también fueron sancionados
El balance presentado por Buenrostro incluyó sanciones contra empresas y particulares involucrados en irregularidades relacionadas con contrataciones públicas.
En total, la Secretaría reportó 286 personas morales sancionadas: 222 fueron inhabilitadas y multadas, mientras que 64 recibieron únicamente una multa.
Las sanciones económicas contra particulares sumaron 147.3 millones de pesos.
Entre las conductas detectadas estuvieron la presentación de documentos falsos, incumplimientos contractuales, simulación de experiencia técnica y ocultamiento de conflictos de interés.
La Secretaría también identificó casos en los que empresas habrían falsificado antecedentes laborales y profesionales para acreditar una capacidad financiera y operativa que, de acuerdo con las investigaciones, no tenían.
Por otra parte, se impusieron 51 sanciones a particulares por vulnerar la posesión de datos personales, con multas que en conjunto ascendieron a 118.5 millones de pesos.