Durante la lectura del fallo, el magistrado Manuel Antonio Merchán Gutiérrez anunció:
“La sala revoca la condena como determinador de soborno y lo absuelve por esta conducta”.
La decisión, respaldada por las magistradas Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo, revocó la sentencia dictada en julio pasado por la jueza Sandra Heredia, quien había impuesto 12 años de prisión domiciliaria al exmandatario por manipulación de testigos.
Con esta resolución de segunda instancia, Uribe queda libre de cargos en un caso que ha marcado la agenda política y judicial del país desde 2018.
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Tribunal descarta pruebas y anula condenas por falta de sustento
El Tribunal revisó los cinco hechos atribuidos a Uribe y concluyó que no existían elementos suficientes para sostener las acusaciones de soborno ni de fraude procesal.
Entre los casos analizados se encuentran los testimonios de Carlos Enrique Vélez Ramírez (“Víctor”), Eurídice Cortés (“Diana”) y Juan Guillermo Monsalve, cuyas declaraciones habían sido clave para la condena inicial.
Los magistrados determinaron que no hubo intención de manipular la justicia, señalando que “la entrega de ayudas humanitarias a un testigo, sin propósito de engañar al sistema judicial, no constituye delito”.
Además, cuestionaron la credibilidad de los testigos por sus versiones contradictorias y por inconsistencias detectadas durante el juicio.
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Interceptaciones telefónicas y errores procesales
El Tribunal también examinó las interceptaciones telefónicas realizadas durante la investigación. Si bien consideró ilegales las escuchas al número personal de Uribe, validó aquellas hechas a su abogado Diego Cadena, quien fue grabado ofreciendo beneficios a testigos.
La defensa había solicitado la nulidad del proceso argumentando errores de procedimiento y una lectura incompleta de la sentencia en primera instancia. No obstante, la sala desestimó esa solicitud al considerar que se cumplió con el principio de publicidad, ya que el fallo fue entregado íntegro a las partes.
El magistrado Merchán recordó que Uribe renunció a la prescripción penal en agosto, lo que permitió al Tribunal resolver la apelación en un plazo de dos años. Sin embargo, la decisión se emitió en menos de dos meses.
El documento final consta de 700 páginas, y durante la audiencia se presentó un resumen con los argumentos centrales. Uribe asistió de forma virtual desde su finca en Rionegro, Antioquia, como en la mayoría de las audiencias previas.
Mientras la defensa celebró el fallo, el abogado de las víctimas, Miguel Ángel del Río, anunció que recurrirá a la Corte Suprema de Justicia:
“Nos vamos a Casación. Esta batalla no ha terminado”, declaró.
El presidente Gustavo Petro reaccionó en redes sociales, cuestionando la resolución del Tribunal:
“El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia: contradicen a la Corte Suprema de Justicia”, escribió.
Petro acusó a los magistrados de “tapar la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia” y convocó a sus simpatizantes a una movilización en la Plaza de Bolívar, con miras a impulsar una asamblea nacional constituyente.