El gobierno del presidente Donald Trump continúa con ataques letales contra presuntos narcotraficantes en América Latina, aunque la ley exige que el Congreso de Estados Unidos debe aprobar las hostilidades en curso, de acuerdo con un reporte de The Washington Post.
T. Elliot Gaiser, jefe de la Oficina de Asesoría Legal de la Casa Blanca, dijo a los legisladores que estas operaciones no se consideran “hostilidades” según la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, por lo que no necesita su autorización.
Esa ley, creada tras la Guerra de Vietnam, obliga al presidente a informar al Congreso y obtener su aval para acciones militares sostenidas. Trump asegura que los ataques con drones y armas de largo alcance no ponen en riesgo directo a las tropas, así que la norma no aplica.
Mientras tanto, su administración ha intensificado la campaña militar en la región, atacando barcos en el Caribe y el Pacífico oriental y desplegando tropas y equipo cerca de Venezuela.
Desde el 2 de septiembre, se han llevado a cabo varios ataques que, según informes, dejaron decenas de muertos, incluidos presuntos narcotraficantes. El Congreso fue notificado el 4 de septiembre, lo que activó un plazo de 60 días para frenar o justificar las operaciones.
Ese plazo vence este lunes, y no hay señales de que se reduzcan los ataques. La Armada mantiene ocho buques en el Caribe, además de un portaaviones y aviones como los F-35 en Puerto Rico.
Trump ha insinuado que los ataques podrían extenderse a tierra en Venezuela, aunque negó la idea públicamente el viernes. “No, no es cierto”, dijo a los periodistas.
Cuestionan la legalidad de los ataques militares de Trump
Expertos en seguridad han cuestionado esta interpretación de la ley. Brian Finucane, exasesor legal del Departamento de Estado, la calificó como un intento de eludir al Congreso y advirtió que viola la Constitución.
Históricamente, gobiernos demócratas y republicanos han interpretado la ley de manera flexible, pero nunca antes se había atacado a civiles que no están en guerra con Estados Unidos, destacó Finucane.
La administración también ha mantenido reuniones selectivas con legisladores, dejando fuera a demócratas de alto rango mientras evaluaba medidas para bloquear ataques contra Venezuela, lo que generó críticas bipartidistas.
Senadores como Mark Warner y Jack Reed exigieron informes completos al Congreso, alertando que el Pentágono ha retrasado la entrega de documentos legales y listas de objetivos más allá de lo permitido por la ley.
Preocupa el uso del poder militar de Trump sin control
En la Cámara de Representantes, legisladores se quejaron de que funcionarios de la administración no respondieron preguntas sobre la base legal y la inteligencia de los ataques. Incluso retiraron abruptamente a los abogados del Pentágono de la reunión.
Algunos congresistas señalaron que la selección de objetivos recuerda a los “ataques de firma” de la CIA, donde se golpea a personas sin saber su identidad exacta, solo por patrones de comportamiento.
También criticaron que la administración minimiza la relación entre los ataques y el fentanilo. Según información interna, la droga principal en la región sigue siendo la cocaína, contradiciendo los argumentos oficiales de Trump.
Legisladores y expertos advierten que esta estrategia amplía demasiado el poder del presidente y podría constituir un abuso constitucional, al mantener ataques militares sin supervisión del Congreso en un momento de tensión en América Latina.