León, Gto.- La Universidad La Salle Bajío debe capacitarse en materia de género y ofrecer una disculpa pública a Isabella, exalumna que, en días recientes, denunció revictimización e indiferencia por parte de la institución.
Así lo señaló en entrevista Serafín Salazar Jiménez, magistrado del Poder Judicial de la Federación de Guanajuato, quien emitió una sentencia de amparo extendido para Isabella, luego de que fuera violentada por su ex pareja, Giancarlo Sada Anguiano, también estudiante de la Universidad La Salle Bajío.
Universidad La Salle Bajío tiene plazo máximo de 6 meses para cumplir sentencia
Fue el pasado lunes cuando Isabella, egresada de dicha institución, hizo público su caso; denunciando haber sido atacada físicamente por su ex pareja en el año 2024. Hecho que, de acuerdo con su testimonio, fue ignorado por la universidad.
León
Denuncian a Universidad La Salle por revictimización y desprotección en caso de violencia de género
“A pesar de que la alumna hizo, por escrito, manifestaciones de auxilio (…) la escuela se limitó a decirle que no tenía ninguna razón para cambiarla de aula (…) La institución no tomó medidas”, expresó Serafín Salazar.
El magistrado señaló que, tal y como lo había expresado Isabella, las medidas de protección otorgadas por el juez de distrito habían resultado insuficientes, por lo que se le brindó un amparo con mayor alcance, ordenando incluso “que los directivos y administrativos de la institución tomaran capacitación en materia de género”.
“Si no sabemos distinguir como institución lo que es la violencia de género, necesitamos capacitarnos”, dijo.
En este sentido, Serafín Salazar Jiménez recordó que la Universidad La Salle Bajío debe cumplir con la reparación del daño, lo cual constituye no sólo capacitación, sino también una disculpa pública.
“También corresponde que la institución haga una disculpa pública por las omisiones en que incurrió, pero además no son omisiones simples, son omisiones deliberadas, porque la revictimizaron”, dijo.
Ello debería garantizarse en un periodo máximo de seis meses, en el que además La Salle Bajío deberá revisar y reformar su protocolo de atención a casos de violencia de género.
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