1.- Democracia oxidada en la Universidad de Guanajuato
“Nadie debe eternizarse en una posición”, respondió el secretario general de la Universidad de Guanajuato, Salvador Hernández Castro, a un docente que señalaba la necesidad de avanzar hacia modelos más democráticos al interior de la institución. Antes de él, dos alumnos habían manifestado la misma inquietud: “Tenemos en nuestro conocimiento personas que han estado varios encargos consecutivos y esto para la salud democrática de la universidad me parece que no abona”.
Ese intercambio, que pasó casi inadvertido entre el ruido del triste mitin político del senador Gerardo Fernández Noroña, ocurrió el pasado viernes durante la sesión del Consejo General Universitario. Aunque relegado al último punto del orden del día, lo que ahí se aprobó dista de ser menor: se definieron los integrantes de la comisión especial que conducirá el proceso de elección de cuatro miembros internos y tres externos de la Junta Directiva de la Universidad de Guanajuato para el periodo 2026-2028. Los siete integrantes salientes concluyen su encargo el 31 de enero, aunque todos pueden ser reelectos.
El proceso venía planchado. Hubo cabildeo con los consejeros, sobre todo respecto a los perfiles de representación ejecutiva y académica. El guion se siguió sin sobresaltos; salvo algunos votos dispersos hacia perfiles fuera del radar, el resultado reflejó lo ya negociado. Pero, como dejaron ver quienes se atrevieron a formular críticas, existe una inquietud creciente sobre la forma en que la UG renueva —o más bien perpetúa— a quienes integran sus órganos, y sobre la sombra que se posa en los cargos formales.
En la representación ejecutiva se nombró al doctor Modesto Antonio Sosa Aquino y a la doctora María de Jesús Jiménez González. En la representación académica fueron elegidos el doctor Eladio Delgadillo Ruiz y la doctora Claudia Erika Morales Hernández. También se eligieron a dos representantes estudiantiles.
A la luz de esto, resulta significativo lo dicho por el secretario general: si “nadie debe eternizarse”, la dinámica actual apunta en sentido contrario. La influencia del exrector Luis Felipe Guerrero Agripino sigue pesando de manera determinante en los destinos de la Universidad de Guanajuato, y los mecanismos de renovación parecen diseñados para preservar esa inercia.
Lo expresado por los alumnos y por el docente no debería ser desoído por la rectora Claudia Susana Gómez López. Son voces que reflejan una percepción extendida también al exterior: que la democracia interna de la UG se ha quedado oxidada y que el servilismo, más que responder a la comunidad universitaria, opera hoy al ritmo de intereses personales que se niegan a soltar el control.
2.- Ley de Aguas, la confrontación que viene
El diputado federal del PRI, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, convocó a una asamblea informativa el próximo 21 de noviembre en Dolores Hidalgo, para discutir con productores campesinos la nueva Ley General de Aguas.
Las reformas en materia hídrica —incluida la modificación a la Ley de Aguas Nacionales— fueron uno de los reclamos centrales en las recientes protestas campesinas. El mensaje que salió de esas movilizaciones es claro: no volver a quedar fuera. La aprobación está prevista para diciembre y, más allá de las formas protocolarias, todo indica que “va porque va”. El verdadero debate no es si se aprobará, sino cómo lo hará.
Sobre el papel, la reforma promete combatir el mercado negro de concesiones y mejorar la distribución del agua. La narrativa oficial ha conseguido el respaldo de sectores ambientalistas. Pero mientras se exhibe a políticos con voluminosos títulos de concesión —que es cierto, pero que se ha insertado en una estrategia mediática que busca construir legitimidad social de las reformas— se ocultan las implicaciones para quienes menos voz tienen en este proceso: los productores que dependen de esos derechos para sostener sus cultivos y su patrimonio.
Uno de los puntos clave es que las concesiones ya no podrán venderse ni heredarse, sin aval de la Conagua. Esto ha sido presentado como una medida “anticorrupción”, pero para familias campesinas significa otra cosa: la pérdida abrupta del valor de su activo patrimonial. A eso se suma que, si no tecnifican sus sistemas de riego —sin apoyo real del Estado— podrían perder sus derechos de explotación. La centralización que propone la reforma abre la puerta a decisiones discrecionales: justo el vicio que se dice querer erradicar.
La convocatoria de Sánchez Sánchez dejó ver lo que viene: polarización, acusaciones de desinformación y una disputa política que se come la discusión de fondo. Mientras unos reprochan al priista su postura, otros acusan a figuras como Vicente Fox de beneficiarse de concesiones. Entre tanto ruido, los campesinos vuelven a quedar reducidos a espectadores de un juego que los afecta directamente.
Hoy inician en la Cámara de Diputados los foros “oficiales” de discusión. Duran apenas tres días y abordan temas cruciales: régimen de concesiones, operación y saneamiento del agua, uso rural y derecho humano al agua. La pregunta es inevitable: ¿se trata de un diálogo auténtico o del último trámite para justificar una reforma que el gobierno pretende aprobar sin moverle una coma?
3.- Michoacán arde y Guanajuato como extensión natural
El operativo federal y estatal desplegado en Michoacán, que provocó bloqueos carreteros en más de una decena de municipios, tuvo repercusiones inmediatas en Guanajuato. En Pénjamo se registraron dos bloqueos y un tercer intento fue contenido por la policía municipal. El episodio deja claro que las estrategias de seguridad no pueden estar limitadas a fronteras estatales.
La movilización se originó tras un operativo para la captura de Ángel Chávez Ponce, “El Camaleón”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado vecino y vinculado a la extorsión de productores campesinos. Hasta la noche del lunes su detención no había sido confirmada, solo la muerte de dos presuntos sicarios. Lo que sí se mostró una vez más es la capacidad de reacción de este grupo, ahora a lo largo de estos linderos estatales, un territorio donde, según fuentes de seguridad, ha ampliado su presencia y sobre todo, su control.
La ruta criminal entre Michoacán y Guanajuato no es nueva. Cada vez que hay presión operativa en Michoacán, los efectos se sienten de inmediato del lado guanajuatense. Ya ocurrió en septiembre, cuando el secretario federal de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó la captura en Uriangato de otro líder de este grupo: Genaro “N”, alias “El Silencio”, buscado por delitos cometidos en Michoacán.
Hoy, la exigencia ciudadana en el estado vecino —alimentada por la violencia contra aguacateros y limoneros, y que explotó tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo— está empujando una estrategia más agresiva. Esa dinámica no se quedará en las fronteras. Obligará a que, desde Guanajuato, el secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González Martínez, fortalezca la coordinación interestatal que tiene camino recorrido desde hace meses, porque lo que ocurra en Michoacán definirá, en gran medida, la estabilidad de su región sur, que es hoy una de las más violentas en el estado.
Contra Retrato
Arcelia González González
A más de un año de gestión, los resultados de la Secretaría de la Honestidad son decepcionantes. Pese al incremento sustancial en las denuncias, las sanciones son mínimas, lo que deja en evidencia no solo la falta de eficacia de la dependencia, sino también una estructura que se ahoga en expedientes destinados, en su mayoría, al archivo definitivo. La distancia entre el discurso y los hechos es cada vez más amplia.
Como hoy informa Periódico Correo, entre enero y septiembre de 2025 se presentaron 971 denuncias contra funcionarios municipales y estatales por presuntas irregularidades. En ese mismo periodo, únicamente 14 expedientes concluyeron en sanción. En términos simples y contundentes: de cada 70 denuncias, solo una deriva en consecuencias reales. Hasta ahora, el cambio de nombre de la dependencia sigue siendo el logro más visible, y quizá el único comprobable.
Tampoco en las auditorías ordinarias se han encontrado anomalías de relevancia, lo cual sería motivo de reconocimiento si no fuera por el tufo a posibles actos de corrupción que le dejó la administración anterior.
Arcelia González agotó pronto el discurso. Entre anuncios de investigaciones y la siempre funcional secrecía de las indagatorias, su gestión no se ha traducido en cambios sustantivos en el combate a la corrupción.
Y ahí radica en buena medida del verdadero problema: la Secretaría de la Honestidad parecía destinada a ser una pieza clave del llamado Nuevo Comienzo, la dependencia que encarnaría el giro en la investigación y sanción de irregularidades. Pero, hasta ahora, ese nuevo comienzo simplemente no ha comenzado.