La ministra Yasmín Esquivel resultó la más beneficiada, ya que originalmente el Instituto Nacional Electoral (INE) había detectado múltiples anomalías en sus gastos de campaña. La sanción inicial ascendía a 547 mil 823.88 pesos, principalmente por recibir aportaciones prohibidas, no reportar egresos, utilizar cuentas no autorizadas y omitir informar a tiempo sus eventos.
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Tras analizar su capacidad económica y el cúmulo de sanciones, el Consejo General del INE redujo la multa a 95 mil 490.16 pesos. Sin embargo, Esquivel impugnó nuevamente ante la Sala Superior, donde la magistrada Mónica Soto propuso devolverle la razón y revocar las infracciones más elevadas.
Con ello, más del 97% de su multa fue eliminada, dejando únicamente cuatro sanciones menores que en conjunto no alcanzarían los cinco mil pesos. El INE deberá recalcular el monto exacto.
Los magistrados determinaron que no se probó vínculo alguno entre la candidata y quienes pagaron publicidad irregular a su favor, ni que hubiese beneficiado a su campaña. También concluyeron que una manta y un banner visibles en un evento civil no constituían propaganda electoral, por lo que no estaba obligada a reportarlos.
Otros juzgadores también resultan exonerados
Giovanni Azael Figueroa Mejía obtuvo la revocación de una multa de 2 mil 489.08 pesos por entregar su fiscalización fuera de tiempo.
En el caso de Celia Maya, la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, la Sala Superior tiró cinco sanciones que sumaban 34 mil 290.42 pesos, pese a que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón defendió confirmarlas. La mayoría del pleno decidió lo contrario y dejó sin efectos todas las penalizaciones.
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El propio presidente del Tribunal, también beneficiado
El magistrado presidente Gilberto de Guzmán Bátiz consiguió la revocación de una multa de 28 mil 737.56 pesos. El INE lo había sancionado por no comprobar gastos por casi 50 mil pesos y por no informar la modificación de eventos en el plazo requerido.
La Sala Superior determinó que el INE aplicó criterios normativos incorrectos y no garantizó su derecho de defensa. Bátiz se excusó de participar en su propio caso.
Durante la misma sesión, el TEPJF también anuló multas menores —entre 500 y 4 mil pesos— a candidaturas para juzgados de distrito y magistraturas de circuito. Bajo el mismo criterio, concluyó que los aspirantes no podían ser responsables de aportaciones ilícitas realizadas por terceros sin su conocimiento.