Guanajuato, Gto.- Con 450 votos a favor en lo general, cero en contra y cero abstenciones, el Senado aprobó la Ley contra la Extorsión después de una serie de modificaciones. El dictamen se envió al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entrar en vigor de inmediato.

En lo particular la Ley contra la Extorsión, cuyo nombre completo es Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, tuvo 33 voto en contra, 1 abstención y 409 votos a favor para penar la extorsión con hasta 42 años de cárcel y convertirlo en un delito perseguido de oficio.

¿De qué se trata la Ley contra la Extorsión?

La Ley contra la Extorsión establece penas fijas de 15 a 25 años de prisión, con un máximo de 42 años, establece 34 agravantes al delito de extorsión y multas de 300 a 500 veces el valor de la UMA. Ahora es parte de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Ahora el concepto de extorsión está unificado en el Código Penal Federal pues, aunque estaba tipificada desde 1984, la definición permitía arbitrariedades. Con el nuevo concepto se da solución a una “dispersión y debilidad institucional”, señala la legisladora Dolores Padierna. El delito de extorsión se establece de la siguiente manera:

Conoce los puntos claves de la Ley contra la Extorsión aprobada por el Senado. | Archivo

“[Comete el delito de extorsión] quien, sin derecho, obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un beneficio o lucro para sí o para otro o causando a alguien un daño o perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico”

¿Qué establece la Ley contra la Extorsión?

Atención a nuevas modalidades de extorsión

La ley reconoce el esquema que se ha popularizado en los últimos años y que usa herramientas nuevas, como los secuestros virtuales o los llamados monta choques. El delito también se agrava cuando es cometido a un sindicado, agrupación o asociación sea real o simulada para el comercio coaccionado.

La extorsión unifica su concepto para evitar arbitrariedades. | Archivo

De igual manera, el cobro de piso es ahora parte de los esquemas de extorsión y, si se identifica que una persona actúa en nombre o acompañamiento de un grupo delictivo, las penas pueden aumentar.

Prevención desde los centros penitenciarios

La ley identifica que el delito puede venir desde un centro penitenciario, como lo reveló Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cuando dijo que en 12 centros se identificaron el 56% de todas las líneas telefónicas para uso delictivo.

Por lo que ahora las autoridades vigilarán e identificará como conductas delictivas desde los centros penitenciarios:

La Ley contra la Extorsión vigilará las penitenciarias y contempla nuevos esquemas de extorsión virtual y cobro de piso. | Archivo
  • El ingreso de dispositivos electrónicos sin autorización
  • La posesión de dispositivos que permitan la transmisión de voz o datos
  • Las abstenciones de denuncias de parte de custodios o personal de vigilancia
  • Facilitar los medios para cometer extorsión

Fortalecimiento de denuncias y protección a víctimas

Las víctimas y testigos de extorsión tendrán mayores medidas para resguardar su identidad durante las audiencias y se permitirá su participación vía remota. Así mismo, los jueces a cargo del caso podrán imponer a la persona imputada prohibiciones como contactar o comunicarse con la víctima a través de cualquier medio.

¿Cuáles fueron los cambios que se hicieron a la ley?

Entre los cambios que se hicieron a la primera propuesta de ley fueron los años de sentencia, pues en un principio la Cámara de Diputados propuso penas de 6 a 12 años. También se allanó la sanción de 10 a 20 años para funcionarios y policías que no denuncien el delito, anteriormente la pena se propuso de 5 a 12 años.

¿Qué se modificó en la Ley contra la Extorsión? | X

Los cambios se hicieron por insistencia de diputados del Partido Acción Nacional (PAN y Partido Revolucionario Institucional (PRI) el 28 de octubre, pues argumentaban que las primeras penas propuestas abrían la posibilidad de que personas sentenciadas en estados donde el castigo es más alto puedan ser liberadas.