Guanajuato, Gto.- El concepto de adopción plena va por buen camino pues la comisión de justicia de Guanajuato aprobó el dictamen de dos iniciativas de reforma al Código Civil, a fin de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a pertenecer y vivir en familia.
Estas reformas buscan eliminar la adopción simple para que los menores adoptados puedan permanecer en familia.
Eliminación de adopción simple en Guanajuato busca mejorar los derechos de menores adoptados
La diputada panista Susana Bermúdez Cano señaló que garantizar la oportunidad de un adecuado desarrollo, en un entorno amoroso para las niñas, niños y adolescentes, constituye una tarea a cargo de las instituciones judiciales, administrativas y legislativas.
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Abundó que éstas deben guiar el ejercicio de sus funciones, atendiendo el principio del interés superior de la infancia, así como el derecho a vivir en familia como ejes rectores en todas las políticas públicas, acciones y toma de decisiones que las involucren.
La legisladora sostuvo que la institución jurídica de la adopción era esa oportunidad de integrar a las infancias que por diversas causas terminaron con el vínculo de su familia biológica a un ambiente armónico y protegido por el calor de una familia.
Insistió que con ésta reforma Guanajuato cumplía con el imperativo que estableció la Ley general en la materia de reconocer la adopción como plena e irrevocable, y que con esta medida el adoptante adquiere ahora los mismos derechos, deberes y obligaciones propios del vínculo de parentesco que se tiene con los hijos consanguíneos.
Dan seguimiento en Congreso a iniciativas de reforma sobre divorcio y delitos contra personas con discapacidad
En la misma sesión, se dio seguimiento a la metodología de análisis de la iniciativa que plantea reformas al Código Civil estatal con la finalidad de implementar el divorcio administrativo para ampliar las libertades de las personas que deseen por mutuo acuerdo no seguir en matrimonio.
Así también a cuatro iniciativas que plantean reformas al Código Penal para incrementar las penas de los delitos que sean cometidos contra personas con discapacidad.
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Aquí se incluyen el principio del interés superior de la niñez; incorporar una pena más severa en el tipo penal de violencia familiar.
También se le dió seguimiento a la propuesta de cambio tanto al Código Penal como a la Ley Orgánica de la Fiscalía General para crear el Registro de Personas Agresoras Sexuales y constituir un sistema de información de carácter público que contendrá los registros de quien reciba sentencia ejecutoria por un juez penal por la comisión de delitos de carácter sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
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