Guanajuato, Gto.- Los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional presentaron dos propuestas en el Congreso del Estado de Guanajuato en defensa de los derechos de las mujeres así como asegurar y mejorar las estrategias para salvaguardar su seguridad.
Con cifras alarmantes donde el estado cuenta con Alerta por Violencia de Género en 17 municipios y el rezago social de muchas mujeres, estas propuestas buscan tanto gestar mayores herramientas de análisis y legislación en el combate a la violencia así como crear mejores oportunidades para las jefas de familia.
MC de Guanajuato propone creación de convención especializada en violencia de género
Movimiento Ciudadano propuso en el pleno del Congreso, crear la convención legislativa para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de las Violencias contra las Mujeres, Adolescentes y Niñas.
Esto tendría que modificar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.
La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco expuso que la violencia de género se define como la violencia dirigida contra una mujer por el hecho de ser mujer o que afecta a las mujeres de manera desproporcionada, donde se incluye daño o sufrimiento físico, mental o sexual, amenazas de tales actos, coacción y otras privaciones de libertad.
Refirió que de acuerdo con ONU Mujeres y la ENDIREH 2021, siete de cada diez mexicanas de 15 años y más han vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida y que en Guanajuato el 68.1% de las mujeres de 15 años o más reportan haber sufrido violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación, mientras que el 44.4% la experimentó en los últimos 12 meses.
Presentó que en la entidad se han registrado oficialmente 379 feminicidios desde la tipificación del delito en 2012 hasta el 31 de marzo de 2025, concentración que se da principalmente en León, Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao y Guanajuato, donde se acumula el 59.36% de los casos, junto a que de enero a agosto de 2025 se abrieron 2 mil 220 carpetas de investigación por delitos sexuales contra mujeres y menores.

Recordó que el pasado 25 de septiembre de 2024 la Secretaría de Gobernación declaró la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en 17 municipios de Guanajuato por violencia feminicida y desaparición de mujeres, adolescentes y niñas, con 21 medidas y 40 acciones agrupadas en seis componentes, pero que pese a los esfuerzos que se han hecho no se cuenta con resultados verificables y no hay un reflejo en mejoras sustantivas.
Bajo ese contexto y de acuerdo a la experiencia de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, creada en 2021 como un espacio de coordinación entre el Congreso, municipios y autoridades de seguridad, “que permitió diagnósticos regionales, estudios técnicos y propuestas legislativas específicas en materia de seguridad pública, se busca crear una convención especializada en violencias contra mujeres, adolescentes y niñas“, finalizó la legisladora.
Con nueva Ley buscan garantizar acceso de jefas de familia a educación, salud y programas sociales
La Ley para Mujeres Jefas de Familia del Estado de Guanajuato busca ser creada desde el Congreso para garantizar que éstas mujeres tengan acceso a educación, salud, programas sociales y apoyos económicos.
La propuesta busca establecer y regular las políticas públicas y acciones del Estado para brindar atención, mejorar la condición de vida de las mujeres jefas de familia, la de sus hijas, hijos y personas dependientes.
La propuesta fue presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la representación parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
A nombre de estos, la legisladora panista Ana María Esquivel Arrona detalló que las mujeres jefas de familia son protagonistas de un cambio social irreversible, con su liderazgo, demuestran que la fortaleza y la sensibilidad no son excluyentes, que pueden sostener económicamente un hogar y al mismo tiempo garantizar el desarrollo de sus familias.
La congresista expuso la parte laboral en la que se desarrollan las mujeres y apuntó que la informalidad afecta particularmente a las mujeres que se incorporan al mercado laboral sin una red mínima de protección social.
Explicó que muchas de ellas lo hacen desde la necesidad y no desde la elección: “trabajan en casa, cuidan, venden, preparan alimentos, limpian, cosen o comercian, sin acceso a seguridad social, sin licencias de maternidad, sin jubilación posible, en un sistema que les exige todo, pero les devuelve poco“, señaló.

Esquivel Arrona abundó que esa situación evidencia la necesidad de fortalecer políticas públicas que fomenten la formalización del empleo y reduzcan la brecha de acceso a condiciones laborales dignas.
Presentó datos que estiman que en Guanajuato las mujeres dedican en promedio 35.8 horas semanales al cuidado de personas, mientras que los hombres destinan 23.2 horas semanales a estas actividades, y que esa carga considerable de trabajo no remunerado y la desigual distribución de responsabilidades limitan las oportunidades laborales y educativas de la población femenina.
Indicó que se busca centrar los esfuerzos en las mujeres jefas de familia, quienes enfrentan una doble carga al ser el sustento económico de sus hogares mientras asumen principalmente el cuidado de sus hijas e hijos.
La diputada destacó que la iniciativa busca fortalecer las capacidades de las mujeres jefas de familia, lo que implica romper las barreras que limitan su acceso a educación de calidad, servicios de salud y viviendas dignas, reconociendo que muchas han tenido que abandonar sus estudios o trabajos para dedicarse al cuidado familiar.
Indicó que Guanajuato ocupa el undécimo lugar a nivel nacional por su porcentaje de hogares con jefatura femenina, cifra que no es solo un indicador estadístico, sino que refleja una realidad social palpable: miles de mujeres en el estado asumen solas la responsabilidad económica y emocional de sus familias.
Agregó que la propuesta establece mecanismos concretos para que el ejecutivo estatal y los municipios mejoren sustancialmente las condiciones de vida de las jefas de familia, asegurándoles acceso a recursos económicos, apoyos y herramientas para el desarrollo familiar.
Insistió que ésta propuesta no solo busca empoderar a las mujeres mediante condiciones laborales dignas y equitativas, sino también reivindicar su rol como pilares familiares y sociales.
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