Guanajuato, Gto.- En la mesa de trabajo para analizar la iniciativa que busca establecer disposiciones necesarias para la prestación del servicio público de agua sin discriminación y en condiciones de plena igualdad cuando exista escasez, los representantes de la Secretaría del Agua señalaron que la propuesta rompe los programas de servicio de agua para la población.
En la Comisión de Asuntos Municipales se dio a conocer que la propuesta requiere ponderar y revalorar las restricciones del suministro del vital líquido a nivel municipal, porque pudiera recaer en conceptos inconstitucionales referentes a la autonomía y atribuciones de los organismos operadores de agua, así como en las publicaciones de las gacetas municipales referentes a infraestructura hídrica para evitar confusión de términos.
Desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente se informó que son los organismos operadores quienes valoran la escasez del vital líquido.
El representante del Tribunal de Justicia Administrativa detalló que la propuesta persigue un objetivo social para la actuación municipal en el contexto de igualdad de distribución, pero que atribuir las decisiones equitativas del suministro al ayuntamiento no respeta la continuidad del servicio ni los procesos de mejora normativa.
Gustavo Lozano, asesor parlamentario de Morena, dio a conocer que la propuesta surge derivada de que SAPAL determinó restringir durante tres años el suministro de agua en la zona norte de León, lo cual afectó a 160 mil habitantes, y que el organismo operador no reconoce la situación. A la par, señaló que la decisión no estuvo bajo el consentimiento del consejo ciudadano ni fue informada al ayuntamiento.
Agregó que la propuesta busca que las decisiones para limitar el agua a nivel municipal tengan legitimidad democrática para enfrentar en consenso situaciones climáticas venideras.
Salamanca
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Desde la Consejería General Jurídica se compartió que el proceso para generar una nueva Ley General de Aguas a nivel federal permitirá aclarar las competencias entre los tres órdenes de gobierno y el recurso hídrico.
En el caso de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente, se expuso que las reformas a la Ley de Aguas Nacionales establecerán las bases, responsabilidad de los municipios, disponibilidad de uso, estrategias y prioridades, así como políticas para lograr el equilibrio de los recursos.
El diputado David Martínez Mendizábal insistió en el derecho legítimo y humano que tienen las víctimas y sobre aquellos que no tienen agua potable por medidas aprobadas por los organismos técnicos operadores, que en el caso de León son miles, remarcó.
Por su parte, el congresista Ernesto Millán Soberanes propuso desarrollar una mesa interna para analizar los puntos y comentarios vertidos, así como definir una fecha próxima para concretarla.
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