Guanajuato, Gto.- La mesa de trabajo para crear el registro de personas agresoras sexuales tuvo coincidencias entre personal de la Fiscalía y del Jurídico del Gobierno del Estado, al considerar que atiende una problemática en la entidad; sin embargo, acordaron que es necesario analizar con mayor profundidad el tiempo que una persona permanecería en dicho registro.
La mesa de trabajo fue convocada por la Comisión de Justicia para analizar la iniciativa de reforma al Código Penal estatal y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, con el objetivo de crear el Registro de Personas Agresoras Sexuales y constituir un sistema de información de carácter público que contenga los registros de quienes reciban sentencia ejecutoria por un juez penal por la comisión de delitos de carácter sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.
La diputada de Morena, María Eugenia García Oliveros, señaló que se trata de iniciativas importantes para la protección de las mujeres que han sido violentadas tanto dentro como fuera de su hogar, ya que en el contexto social donde se ha incrementado la violencia contra las mujeres es esencial que se lleven a cabo reformas que protejan su vida.
Expuso que deben sumar esfuerzos con la gobernadora del Estado, quien hizo la propuesta de reforma, y con la presidenta de México, para lograr que las mujeres dejen de ser violentadas. Agregó que eso solo se logrará con un marco jurídico que homologue normas y las fortalezca.
Alejandro Sierra, consejero jurídico de la gobernadora, comentó que las iniciativas atienden una problemática que se vive en la entidad y una agenda nacional; que el registro de personas agresoras no es un tema novedoso, ya que existe en otros estados; que han analizado las acciones de inconstitucionalidad y, con base en ello, se presentó una propuesta que puede sortear dichas acciones.
Indicó que el interés superior del menor debe estar por encima de los datos personales, por lo que el derecho colectivo es superior al derecho particular, y que con esta propuesta no se protege a una sola persona, sino a todas.
Los participantes coincidieron en el fin de la propuesta, en el sentido de que se debe revisar la duración de la publicación del registro; que la propuesta legislativa persigue una finalidad constitucionalmente válida, al tratarse de una medida que pretende cumplir con la obligación del Estado respecto de los deberes reforzados con niñas, niños, adolescentes y mujeres en materia del derecho humano a vivir una vida libre de violencias.
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La diputada panista Susana Bermúdez Cano compartió que sí veía una necesidad de contar con esta iniciativa, al ejemplificar que cuando un docente violenta y solo lo cambian de lugar, o cuando una mujer enfrenta un abuso y su agresor sale libre, se debería considerar y entender a quienes han sufrido el abuso.
Enfatizó que el tema no solo es importante, sino necesario, porque se está buscando la mayor protección de la víctima de una manera más amplia; además, se trata de prevenir nuevos delitos y de reforzar la propuesta con algunas observaciones.
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