Guanajuato, Gto.- Auditar los contratos que el Gobierno del Estado de Guanajuato hizo con la empresa Consorcio Constructor Eco del Bajío, fue la exigencia del punto de acuerdo presentado por Morena en el Congreso. Esa empresa es a la que se le adjudicaron obras enormes que no tienen avance, como el INFOSPE o el Distrito de Gobierno.
El diputado Ernesto Millán Soberanes, expuso el documento para la realización de una auditoría específica por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato al Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, la cual deberá incorporarse al Programa General de Fiscalización 2026 para revisar el cumplimiento financiero de todos los contratos de obra pública celebrados con la empresa Consorcio Constructor Eco del Bajío S.A. de C.V., comprendiendo los ejercicios fiscales entre 2021 y 2025.
Morena cuestiona concesiones de Gobierno de Guanajuato a constructora
Describió que, en un Estado social y democrático de derecho, la obra pública no puede ser un espacio de privilegios ni de constructoras favoritas, sino un instrumento para garantizar derechos, mejorar servicios y cuidar el patrimonio del pueblo.
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Sostuvo que esa obligación es todavía más estricta cuando se trata de recursos que provienen de instituciones como el Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato (ISSEG), es decir, de las aportaciones de los trabajadores al servicio del Estado, cuyo destino, apuntó, debe administrarse con máxima responsabilidad, transparencia y eficiencia.
Relató que, de acuerdo con información pública, durante el pasado sexenio la empresa Consorcio Constructor Eco del Bajío, S.A. de C.V. vivió un sexenio dorado, ya que se documenta que el valor total de sus contratos con el gobierno del estado asciende a más de 2 mil 300 millones de pesos en esa administración, obtenidos tanto por licitaciones públicas como por concursos simplificados y asignaciones directas.
Dijo que se le asignaron obras como el Instituto de Formación Policial (INFOSPE) de Celaya, que a seis años de haberse anunciado apenas registra poco más del 31 por ciento de avance y sigue considerado en primera etapa; lo mismo ocurre con el Distrito de Gobierno, donde se le asignó un anticipo del 50% del monto contratado y la ejecución de la obra, aseguró. ha sido lenta y ha requerido múltiples prórrogas.
Ernesto Millán comparó que, mientras el Distrito de Gobierno registra atrasos y ampliaciones de plazo, la constructora continúa recibiendo nuevas adjudicaciones como la del camino a San Juan de Abajo en León. Además, alegó que otros constructores señalan que ECO del Bajío suele presentar propuestas a costos muy bajos para obtener las licitaciones y que, posteriormente, se realizan ajustes durante la ejecución de las obras.
Abundó que esa práctica, junto con el alto nivel de concentración de contratos y con antecedentes de descalificación por incumplir requisitos técnicos y financieros, configura un patrón de riesgo que exige una revisión rigurosa por parte de la Auditoría Superior del Estado.
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