Las y los senadores priistas señalaron que el doctorado honoris causa es la distinción más alta que puede conceder una institución de educación superior y debe otorgarse únicamente a personas con méritos comprobables, trayectorias sobresalientes y aportaciones reales a la sociedad, no mediante procesos exprés ni acuerdos opacos.
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¿Qué plantea la iniciativa del PRI?
La propuesta contempla reformas a la Ley General de Educación para establecer de forma explícita la prohibición de otorgar grados honoríficos a cambio de contraprestaciones, incorporando esta práctica como una infracción sujeta a sanciones.
Además, se propone modificar la Ley General de Educación Superior para precisar que solo las instituciones públicas o privadas que cuenten con reconocimiento oficial pueden conceder doctorados honoris causa, siempre bajo criterios normativos, académicos y sin ningún beneficio económico para las partes involucradas.
El PRI destacó que universidades como la UNAM o La Salle aplican procesos rigurosos que incluyen nominaciones formales, evaluación por comités especializados, dictámenes académicos y ceremonias oficiales, lo que garantiza la legitimidad del reconocimiento.
“Ese estándar debe preservarse, porque asegura que los títulos honoríficos recaigan en personas cuya trayectoria realmente aporta al país y al mundo”, subrayaron los legisladores.
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El grupo parlamentario afirmó que la reforma busca proteger la integridad del sistema educativo nacional y evitar que el prestigio académico se convierta en una mercancía.
“El mérito no puede estar sujeto a intereses privados ni a prácticas irregulares. México debe garantizar que los valores, la trayectoria y el servicio a la sociedad sean los únicos criterios para recibir un grado honorífico”, concluyeron.