El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) se encuentra en proceso de adjudicar de manera directa un contrato por treinta y seis millones noventa mil pesos (36.09 millones de pesos) para la adquisición de material electoral del proceso de Revocación de Mandato dos mil veinticinco–dos mil veintiséis, pese a que existe una propuesta quince por ciento más económica, lo que implicaría un ahorro cercano a cinco millones de pesos para el erario.

Las actuaciones administrativas vinculadas al procedimiento se realizaron los días veinticuatro y veinticinco de diciembre, fechas consideradas inhábiles conforme al calendario oficial del organismo.

La decisión se adoptó durante la gestión de la presidenta del OPLE, Elizabeth Sánchez González, quien además encabeza el Comité de Adquisiciones, y la adjudicación se perfila a favor de Flexométrica, S.A. de C.V., mediante el mecanismo de adjudicación directa.

De acuerdo con la documentación administrativa, el monto base del contrato asciende a treinta y un millones cien mil pesos (31.1 millones de pesos), más cuatro millones novecientos mil pesos (4.9 millones de pesos) por concepto de Impuesto al Valor Agregado, para un total de treinta y seis millones noventa mil pesos.

Oferta más barata fue descartada

Información contenida en el expediente indica que Talleres Gráficos de México presentó una propuesta aproximadamente quince por ciento menor, además de acreditar infraestructura instalada, experiencia comprobada en procesos electorales y ausencia de sanciones administrativas como proveedor institucional.

Pese a ello, el IEEPCO optó por avanzar con la adjudicación a Flexométrica, empresa que no cuenta con antecedentes documentados de contratos equivalentes en términos de monto, complejidad operativa y alcance logístico, particularmente en ejercicios de participación ciudadana a gran escala como la revocación de mandato.

Consorcio empresarial bajo investigación

Fuentes del sector y documentación revisada señalan que Flexométrica forma parte de un consorcio de empresas asociadas dedicado a la producción de material, documentación y servicios electorales, integrado también por Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, Gráficas Corona JE e Ideeo Labs (todas S.A. de C.V.).

De acuerdo con estos antecedentes, el grupo ha operado utilizando distintas razones sociales, dependiendo de la entidad federativa en la que busca participar, así como alianzas cuestionadas y de alto costo con autoridades locales, que han derivado en señalamientos y quejas de competidores y de instancias públicas por posibles incumplimientos contractuales.

Fuentes oficiales confirmaron que el consorcio y diversos contratos vinculados se encuentran bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por posibles irregularidades, entre ellas la presentación de documentación fiscal sin sustento, dentro de procesos de fiscalización en curso.

Presidenta del OPLE, también bajo revisión de la ASF

A este contexto se suma que la presidenta del OPLE Oaxaca enfrenta investigaciones en la Auditoría Superior de la Federación, derivadas de observaciones y revisiones a su gestión administrativa y presupuestal, lo que incrementa la relevancia y sensibilidad de decisiones como la adjudicación directa de contratos de alto monto.

Especialistas en control del gasto público advierten que, cuando una autoridad responsable se encuentra bajo procesos de fiscalización federal, las decisiones relacionadas con adjudicaciones directas, mayores costos y selección de proveedores con antecedentes cuestionados requieren estándares reforzados de justificación y transparencia.

Antecedentes en Oaxaca

Durante el proceso electoral de dos mil veinticuatro en Oaxaca, empresas del mismo consorcio participaron en procedimientos cuestionados, pese a no cumplir plenamente con los requisitos técnicos exigidos en licitaciones previas.

De acuerdo con la documentación disponible, dichos antecedentes derivaron en una crisis logística para el Instituto, con entregas fuera de tiempo, deficiencias técnicas y la presentación de documentación apócrifa, que obligaron a aclaraciones y sustituciones de materiales.

Implicaciones

Pese a este historial, el Instituto Electoral de Oaxaca avanza en la adjudicación de un contrato por treinta y seis millones de pesos a Flexométrica, identificada como la única empresa del consorcio sin antecedentes negativos documentados, precisamente por no contar con experiencia previa en el ámbito electoral, según las fuentes consultadas.

Analistas en contratación pública señalan que la combinación de investigaciones en curso por parte de la ASF, adjudicación directa, días inhábiles, mayor costo y vínculos empresariales recurrentes podría traducirse en observaciones adicionales de fiscalización y en riesgos operativos para un proceso considerado estratégico como la revocación de mandato.