La licitación, identificada como LA-13-J3L-013J3L001-N-6-2026, tenía como objetivo contratar un seguro de pasajeros que cubriera el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026. Sin embargo, de acuerdo con el fallo emitido por la Gerencia de Adquisiciones y Obra Pública del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, ninguna empresa presentó propuestas técnicas ni económicas.
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“El sistema Compras MX refleja que no se recibió ninguna propuesta, por lo que el procedimiento fue declarado desierto”, señala el documento oficial.
Sin cobertura tras accidente reciente
La falta de seguro cobra especial relevancia luego del accidente ocurrido el fin de semana pasado, que dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas. Al no existir una póliza vigente, los pasajeros carecen de un respaldo automático para la atención médica o indemnización por daños.
De acuerdo con la legislación vigente, al quedar desierta la licitación, la dependencia tiene la facultad de emitir una nueva convocatoria o recurrir a una adjudicación directa para garantizar la continuidad del servicio, conforme al artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Antecedentes del contrato de seguro
No es la primera vez que el proceso enfrenta contratiempos. En enero de este año, una licitación similar fue declarada desierta y el contrato fue asignado de manera directa a la aseguradora Seguros Ve por Más, por un monto cercano a los 10 millones de pesos.
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El seguro contemplaba una cobertura de hasta 400 mil pesos por fallecimiento o incapacidad permanente, así como 30 mil pesos por gastos funerarios y hasta 5 mil pesos por pérdida de equipaje. También incluía atención médica, prótesis y aparatos ortopédicos en caso de accidente.
Uno de los requisitos establecidos era que los pasajeros conservaran su boleto de viaje para poder hacer válido cualquier reclamo ante la aseguradora.
Incertidumbre para los usuarios
Mientras se define si habrá una nueva licitación o una adjudicación directa, el servicio del Tren Interoceánico continúa operando sin un seguro activo para los usuarios, situación que ha generado críticas y cuestionamientos tras el reciente accidente.
El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad en los proyectos ferroviarios federales y la responsabilidad del Estado para garantizar la protección de los pasajeros.