Guanajuato, Gto.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó por unanimidad amparos en Guanajuato y Morelos que eximían a deudores alimentarios de pagar la pensión alimenticia retroactiva completa a sus hijos biológicos
En Guanajuato una mujer demandó en 2023, según el amparo en revisión 7178/2024, al padre biológico de su hija nacida 19 años antes y al pago retroactivo de alimentos. El Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato condenó al hombre a pagar 50 por ciento del salario mínimo vigente en Guanajuato por los años que no proporcionó la pensión alimenticia.
Sin embargo, se amparó ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito alegando falta de recursos y que el abuelo materno de la hija se había hecho cargo, por lo que la pensión retroactiva sería doble pensión.
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Una ministra del SCJN, Sara Irene Herrerías Guerra, pidió revocar esta última sentencia, pues el padre biológico expuso a la niña a la precariedad y que el abuelo materno se hiciera cargo no lo eximía de su carga pues la obligación era del vínculo paterno filial. Por unanimidad los ocho ministros presentes acordaron que la obligación de dar pensión alimenticia no es renunciable, ni de forma retroactiva, tampoco puede ser sustituible.
La ministra María Estela Ríos González rechazó que el abuelo sustituyera la responsabilidad del padre que simplemente no cumplió con sus obligaciones.
“La niña sí tuvo padre. No es que hubiera nacido así al estilo la Virgen María, no, tuvo un padre que no cumplió con sus obligaciones y que fueron asumidas en este entorno social”.
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Los juicios iniciados por casos de incumplimiento de asistencia familiar registraron un notable incremento en Guanajuato en 2025, prácticamente duplicando las cifras del año anterior, revela un informe elaborado por el Poder Judicial del Estado.
De acuerdo con los datos, mientras en 2024 se contabilizaron 482 vinculaciones a proceso por este delito, en el periodo enero-septiembre de 2025 la cifra ascendió a 682, lo que representa un promedio mensual de 75.8 personas, frente a las 40 registradas en el año previo.
Esto significa que, en promedio, cada día se vinculó a proceso a cerca de 2.5 personas, en su mayoría hombres, por incumplir con sus obligaciones de asistencia familiar.
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