Guanajuato, Guanajuato.- El Gobierno de Guanajuato detectó una deuda histórica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) con pobladores de las regiones de Nuevo Chupícuaro, en Acámbaro, y Puruagüita, en Tarandacuao, quienes reclamaron no haber recibido las indemnizaciones correspondientes ni la propiedad legal de las tierras a las que fueron reubicados, a raíz de la construcción de la presa Solís en 1949.

El secretario de Agua y Medio Ambiente, José Lara Lona, afirmó que, entre los grupos inconformes con la construcción del acueducto, estos destacaron por tener un reclamo legítimo, el cual ya se encuentra en vías de resolución con la cooperación total de la Conagua para resarcir el adeudo pendiente.

Autoridades estatales dialogaron con pobladores afectados por la presa Solís. Foto: Especial

“Hay una parte que sí es un reclamo válido, hablando específicamente de la tierra, que mencionan que cuando se construyó la presa Solís no se indemnizó, y eso genera esta molestia. Nos dicen: ‘oye, me movieron para construir la presa y nunca me indemnizaron, ¿cómo vienen a hacer otro proyecto de esta índole?’. Ahora se han estado generando mesas para atenderlo”, señaló.

Para atender el reclamo, el Gobierno del Estado, junto con la Conagua, inició un censo entre los pobladores de ambas comunidades, además de abrir una ventanilla de recepción de documentos que acrediten la posesión de las tierras.

El coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno, Baltasar Zamudio Cortés, informó que ya se realizó una mesa de trabajo con pobladores de Nuevo Chupícuaro, en el municipio de Celaya, hace 15 días, a la que acudieron 50 familias y la alcaldesa de Acámbaro, Claudia Silva Campos, con el fin de facilitar la regularización de las tierras. No obstante, aún se desconoce cuántos pobladores mantienen el adeudo y qué afectaciones siguen pendientes, además de la entrega de títulos de propiedad por parte de la Conagua.

“En este momento eso está en proceso para poder concretarlo. Partimos de una ventaja enorme porque Conagua está en la mesa, con la disposición de entrarle a la desincorporación del patrimonio de la federación, una vez que se tengan los censos, porque no es un tema de hace dos o tres años; estamos hablando de los años cuarenta y cincuenta, cuando se dio este procedimiento, y eso implica que ya cambiaron los poseedores”, puntualizó.

Confían en la socialización de proyectos para calmar la oposición

De acuerdo con la Coordinación de Asesores de la Secretaría de Gobierno, hasta el momento se han sostenido siete reuniones informativas con los principales liderazgos de las regiones por donde pasará el acueducto, quienes encabezaron las protestas contra su construcción, así como con integrantes de 11 ayuntamientos, entre ellos Salvatierra, Cortazar, Tarimoro, Tarandacuao, Jerécuaro y Yuriria, con el objetivo de aclarar dudas.

El secretario de Agua y Medio Ambiente afirmó que, a partir de estos trabajos —que también incluyeron mesas informativas con catedráticos y especialistas que expresaron dudas sobre la sustentabilidad técnica de los proyectos—, se detectó desinformación difundida principalmente en redes sociales, así como oposiciones vinculadas a otros intereses.

Comunidades de Acámbaro y Tarandacuao reclamaron indemnizaciones históricas. Foto: Especial

“Creo que sí ha servido mucho la socialización que hemos hecho. Imperaba la desinformación y, al momento en que la hemos ido atendiendo, ha quedado muy aislado el tema, o muy ubicado el reclamo que sí es válido. Lo demás, sin lugar a dudas, un proyecto de este tipo genera muchos intereses”, concluyó José Lara Lona.

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