Guanajuato, Gto. — Este miércoles fue designado Juan Francisco Vera Ayala como delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Guanajuato, en un movimiento estratégico dentro de la estructura federal de procuración de justicia para fortalecer las investigaciones federales en la entidad.
Así lo dio a conocer esta tarde la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien le dio la bienvenida al nuevo delegado en Guanajuato.
Vera Ayala asume la representación de la FGR en Guanajuato con la encomienda de coordinar las acciones del Ministerio Público Federal en esta entidad, que enfrenta altos índices de violencia e incidencia delictiva.
¿Quién es Juan Francisco Vera Ayala?
Juan Francisco Vera Ayala es un abogado con amplia trayectoria dentro de las áreas especializadas de procuración de justicia en México. Cuenta con experiencia tanto en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) como en diversas fiscalías estatales, especialmente en temas de delitos de alto impacto, secuestro y extorsión.
En años recientes, fue nombrado Fiscal de Secuestro y Delitos de Alto Impacto en el estado de Puebla, donde encabezó la entonces Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, atendiendo casos complejos dentro de la estrategia penal de esa entidad.
Previo a ello, Vera Ayala se desempeñó como Fiscal para el Combate al Secuestro y Extorsión en la Fiscalía General del Estado de Tabasco, y ha ocupado cargos dentro de la Coordinación Nacional Antisecuestros de la Secretaría de Gobernación, entre otros puestos vinculados a materias de investigación especializada.
Su formación profesional se centra en Derecho, con estudios que le han permitido desarrollar especialización en la persecución de delitos complejos, incluyendo asaltos, robos de vehículos y delitos contra la salud, además de secuestro y extorsión.
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Con este nombramiento, la FGR busca reforzar su presencia institucional en Guanajuato, especialmente en la atención y seguimiento de casos federales relevantes, así como en la coordinación con las autoridades estatales y municipales para optimizar resultados en la procuración de justicia.