La firma se realizó en el Despacho Oval, acompañado por líderes republicanos del Congreso, entre ellos el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, a quienes el mandatario agradeció por respaldar lo que calificó como un plan “fiscalmente responsable”.
“Hemos logrado aprobar un paquete que reduce el gasto federal innecesario y, al mismo tiempo, protege programas esenciales para la seguridad y la prosperidad del pueblo estadounidense”, afirmó Trump.
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La legislación fue avalada por un margen estrecho en la Cámara de Representantes y garantiza recursos para la mayoría de las agencias federales hasta el cierre del actual ejercicio fiscal. Sin embargo, dejó fuera al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargado de la política migratoria y el control fronterizo, cuya financiación solo está asegurada de manera temporal.
El DHS, en el centro de la disputa
El Congreso otorgó al DHS fondos provisionales únicamente hasta el 13 de febrero, lo que abre un periodo de intensas negociaciones entre republicanos y demócratas para definir su presupuesto definitivo.
La tensión política surge tras las recientes redadas migratorias masivas ordenadas por la administración Trump en Minneapolis, donde murieron dos manifestantes durante enfrentamientos con agentes federales. El hecho provocó una fuerte reacción de legisladores demócratas, quienes condicionaron cualquier ampliación presupuestaria a cambios operativos dentro del departamento.
Entre las exigencias planteadas se encuentran el uso obligatorio de cámaras corporales por parte de los agentes, la presentación de órdenes judiciales para ingresar a propiedades privadas, la identificación visible del personal y la prohibición de máscaras que oculten el rostro durante operativos.
Los demócratas sostienen que estas medidas buscan garantizar transparencia y evitar abusos, mientras que los republicanos argumentan que podrían limitar la capacidad de acción de las fuerzas de seguridad.
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Cuenta regresiva en Washington
Con apenas diez días por delante, ambas fuerzas políticas deberán alcanzar un acuerdo que permita al DHS seguir operando más allá de la fecha límite. De no lograrlo, el departamento podría enfrentar recortes o incluso un nuevo cierre parcial, afectando tareas clave relacionadas con migración, seguridad fronteriza y control aduanero.
El debate anticipa una nueva batalla legislativa en el Capitolio, en un contexto donde la política migratoria continúa siendo uno de los temas más polarizantes de la agenda nacional.