De prosperar la acusación, el exmandatario podría enfrentar hasta 14 años adicionales de prisión, lo que complicaría cualquier posibilidad de recuperar su libertad en abril próximo, fecha en la que cumple la sentencia de nueve años que actualmente purga por asociación delictuosa y lavado de dinero.
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Durante una audiencia celebrada ante el juez Gustavo Aquiles Villaseñor, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción buscó formular la imputación formal por hechos ocurridos en 2012. Sin embargo, la diligencia se pospuso luego de que Duarte solicitara diferirla al argumentar que sus abogados defensores, Pablo Campuzano de la Mora y Gerardo Cout Arteaga, se encuentran hospitalizados.
El exgobernador explicó que uno de sus representantes fue operado de un tumor pancreático y el otro recibe tratamiento por una infección renal, por lo que pidió priorizar el derecho a la salud de su defensa.
No obstante, el fiscal Julián Antonio Cobos Castillo rechazó el aplazamiento y señaló que la defensa ha recurrido a múltiples pretextos para retrasar el proceso, recordando que la audiencia ya había sido suspendida en dos ocasiones anteriores, incluso por motivos no médicos.
Además, subrayó que existe otra abogada acreditada que pudo asumir la representación legal, pero tampoco se presentó.
Ante este escenario, el juez consideró que había indicios de tácticas dilatorias y determinó nombrarle un defensor público para garantizar la continuidad del procedimiento.
“Sus acciones muestran intentos de diferir la audiencia. No podemos seguir posponiendo”, advirtió el juzgador, quien fijó como nueva fecha el 12 de febrero para que la Fiscalía formalice la acusación.
Libertad anticipada, cada vez más lejana
El nuevo proceso penal llega en un momento clave para Duarte. En noviembre pasado, una jueza federal le negó el beneficio de libertad anticipada al no cumplir con todos los requisitos legales establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal.
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El exmandatario, detenido en Guatemala en 2017 y extraditado a México, cumple condena por delitos de corrupción y lavado de dinero. Su sentencia concluye el 15 de abril, pero esta nueva imputación podría extender significativamente su permanencia en prisión.
De confirmarse la vinculación a proceso, Duarte enfrentaría otro frente judicial que mantendría vigente el caso de presunto desvío de recursos públicos destinados a población vulnerable.