Salamanca, Guanajuato.- El contralor municipal de Salamanca, José Antonio Gutiérrez Serrano, señaló que el procedimiento aplicado a la exregidora fue una “medida cautelar” y no una separación del cargo. Explicó que, al acudir al Tribunal de Justicia Administrativa y al haber causado ejecutoria la sentencia, si esta determina el pago correspondiente, se puede realizar sin problema alguno y sin afectación al erario municipal, ya que los emolumentos fueron resguardados. Lo anterior, luego de que la exregidora Herlinda Castillo obtuvo una sentencia a su favor y el municipio deberá pagarle poco más de 300 mil pesos.
“De inicio, de manera directa, yo no soy parte de este proceso administrativo que se estuvo llevando. En este sentido, la primera autoridad que debió haber determinado si había o no alguna falta es el tribunal, ya que las autoridades —según vi en redes sociales, porque no tengo acceso a los expedientes—, hablando del caso de Herlinda Castillo, ella tenía la posibilidad de inconformarse respecto a esta medida cautelar. Por eso fue una medida cautelar y no una separación del cargo como tal.
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La medida cautelar se aplica cuando la autoridad considera que es justificable, y tengo entendido que esta pudo haberse defendido en su momento. Actualmente, existe una sentencia y solo resta cubrir la parte de los emolumentos pendientes. No tengo conocimiento de que se haya causado daño al erario público, ya que se trata de lo que por derecho le correspondía, considerando que la autoridad determinó un mínimo vital contemplado en la propia normativa”, precisó.
Respecto a por qué el proceso legal causó ejecutoria y ahora se debe pagar lo que demanda Castillo Aguado, y por qué no se atendió el tema legal en su momento, señaló que, “respetando los derechos humanos, cualquier persona puede expresar lo que considere necesario, y habrá que esperar a que las autoridades competentes determinen qué es lo procedente o si existió alguna omisión por parte de este órgano interno de control. Hasta el momento, no se me ha notificado que haya habido alguna omisión por parte de nosotros”, precisó.
Sobre la aplicación de la medida cautelar que derivó en la salida de la regidora del Ayuntamiento, indicó que, “en su momento, la autoridad debió contar con los elementos suficientes para determinarla. Desconozco el expediente como tal, pero existe un proceso para su determinación y debió haber una causal justificada. La medida cautelar debió ser tomada por la autoridad investigadora y ratificada por la autoridad sustanciadora, y la Contraloría forma parte del órgano interno de control adscrito a la Contraloría Municipal”, explicó.
En cuanto a la falta de seguimiento, Gutiérrez Serrano señaló que el proceso ya estaba determinado. Indicó que existen opciones para darle seguimiento, pero si causó ejecutoria, también se puede proceder a acatar lo que el juez determinó. Añadió que es difícil que exista un revés en este asunto, especialmente si el expediente es claro, por lo que, como medida de simplificación administrativa, se puede proceder al cumplimiento de la ejecutoria.
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Finalmente, respecto a la denuncia que la exregidora Herlinda Castillo presentará por abuso de autoridad, señaló que, como parte interesada, tiene derecho a acudir a la instancia que considere conveniente para hacer valer sus derechos.
“Es un derecho humano; todos podemos acceder a la justicia cuando consideramos que tenemos la razón o los elementos suficientes para proceder”, concluyó.
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