El informe, difundido por Prensa Ibero, integró datos de coberturas periodísticas, fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de dimensionar la magnitud del problema ante la falta de bases de datos completas y públicas por parte del Estado.

Los resultados muestran diferencias significativas según la fuente consultada. Mientras los medios de comunicación contabilizaron mil seis fosas clandestinas en ese periodo, las fiscalías estatales reportaron mil 451 hallazgos. Sin embargo, la FGR reconoció únicamente 94 casos mediante solicitudes de transparencia, una cifra considerablemente menor.
Las discrepancias también se reflejan en el número de víctimas. De acuerdo con los reportes periodísticos, fueron exhumados 2 mil 17 cuerpos y 2 mil 719 restos óseos. Entre los cuerpos identificados, 536 corresponden a hombres y 156 a mujeres. En contraste, las fiscalías locales informaron solo mil 616 cuerpos recuperados.

El subregistro se vuelve más evidente al revisar los datos más recientes. Para 2024, la FGR reportó apenas 18 fosas clandestinas, cuatro veces menos que las 76 notificadas en 2023. Esta cifra contrasta con los 786 sitios localizados por autoridades estatales ese mismo año, junto con 844 cuerpos y 289 restos y fragmentos óseos.
La Plataforma Ciudadana señaló que, aunque la legislación contempla un Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, actualmente no existe una versión pública integral que permita conocer con claridad la dimensión real de la crisis. Ante esta ausencia, colectivos de búsqueda y organizaciones civiles han asumido la tarea de sistematizar la información.

La herramienta creada por la iniciativa recopila hallazgos desde 2006 hasta diciembre de 2024 y permite consultar datos por entidad y municipio, además del número de cuerpos, restos, fragmentos óseos e incluso el sexo de las víctimas cuando es posible determinarlo.
Impulsada por Artículo 19 México y Centroamérica, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, la Plataforma no solo busca ofrecer cifras, sino también exigir transparencia, homologación de registros y actualización constante de datos para enfrentar una crisis humanitaria que sigue creciendo.
