En un escrito dirigido a la autoridad electoral, el legislador aseguró que dio cumplimiento al requerimiento emitido por la Secretaría Ejecutiva del instituto, el cual ordenaba editar o suprimir expresiones consideradas como posibles actos de hostigamiento.
“Enfatizo que no he cometido algún acto de molestia, hostigamiento o intimidación”, señaló Noroña, quien defendió que continuará ejerciendo su derecho a la libre expresión.
¿Por qué el IEM ordenó bajar los contenidos?

La determinación del IEM se produjo tras una denuncia por presunta violencia política contra las mujeres en razón de género.
El caso se remonta a noviembre pasado, luego del asesinato del entonces alcalde Carlos Manzo y de que su esposa, Grecia Quiroz, asumiera la presidencia municipal de Uruapan. En ese contexto, Fernández Noroña difundió un video en el que cuestionó las aspiraciones políticas de la alcaldesa, sugiriendo que buscaría la gubernatura de Michoacán.
La autoridad electoral ordenó el retiro de los contenidos y pidió al senador abstenerse de emitir mensajes que pudieran constituir hostigamiento.
“Pretenden amordazarme”, acusa el senador
Fernández Noroña explicó que no fue posible editar los segmentos señalados debido a limitaciones técnicas de la plataforma YouTube, por lo que optó por eliminar por completo los materiales.

En declaraciones posteriores, afirmó que la medida busca silenciarlo. “Pretenden amordazarme”, sostuvo, al tiempo que rechazó haber incurrido en alguna falta.
El legislador argumentó que sus expresiones se enmarcan en su función pública y en el derecho constitucional a la libre manifestación de ideas, además de la protección que otorga la inviolabilidad parlamentaria por opiniones vertidas en el ejercicio del cargo.
El senador también consideró que existe un trasfondo político en la denuncia, luego de que la alcaldesa señalara públicamente a actores de Morena por presuntos vínculos con el asesinato de su esposo.
Mientras tanto, el Instituto Electoral de Michoacán mantiene el seguimiento del caso, en un episodio que reaviva el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la violencia política de género en redes sociales.
