A través de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), el gobierno estadounidense incluyó en su lista de personas bloqueadas al resort mexicano Kovay Gardens, ubicado en Bahía de Banderas, así como a cinco individuos y 17 empresas relacionadas con el esquema.
Según el comunicado oficial, el CJNG ha diversificado sus fuentes de financiamiento más allá del narcotráfico, incorporando fraudes inmobiliarios turísticos, robo de combustible y extorsión como vías para generar ingresos ilícitos.
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¿Cómo operaba el fraude de tiempos compartidos?
Las investigaciones indican que la red obtenía bases de datos de propietarios de tiempos compartidos y los contactaba mediante centros de llamadas con operadores bilingües.
Las víctimas recibían ofertas falsas de reventa, renta o cancelación de contratos y debían pagar por adelantado supuestos “impuestos” o “cuotas administrativas” para concretar operaciones que nunca se realizaban.
Posteriormente, muchas eran contactadas nuevamente bajo identidades distintas —incluso simulando ser despachos legales o autoridades— con promesas de recuperar el dinero perdido, generando un ciclo de revictimización que podía extenderse durante años.
El Tesoro describió el modelo como “verticalmente integrado”, ya que el CJNG controlaba desde la captación inicial de clientes en complejos turísticos hasta las fases posteriores de fraude financiero.
Miles de víctimas en Estados Unidos
Datos del Federal Bureau of Investigation (FBI) citados por el Tesoro señalan que entre 2019 y 2023 alrededor de seis mil ciudadanos estadounidenses reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares por este tipo de estafas en México.
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Solo en 2024 se registraron cerca de 900 denuncias con afectaciones superiores a 50 millones de dólares, aunque las autoridades advierten que el monto real podría ser mayor debido a la subdenuncia.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los cárteles “victimizan a los estadounidenses para obtener ganancias”, tanto mediante el tráfico de fentanilo como a través de complejos esquemas de fraude financiero.
¿Qué implican las sanciones?
Las medidas establecen el congelamiento de bienes y activos de los sancionados en territorio estadounidense o bajo control de personas y empresas de EU.
Además, se prohíbe a ciudadanos estadounidenses y a cualquier entidad que opere dentro del sistema financiero de ese país realizar transacciones con los designados, salvo autorización expresa de OFAC. Instituciones financieras extranjeras podrían enfrentar sanciones secundarias si facilitan operaciones relevantes en su favor.
México refuerza bloqueos financieros
En paralelo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), amplió la Lista de Personas Bloqueadas con siete sujetos adicionales vinculados al núcleo operativo del esquema.
La dependencia informó que los bloqueos derivan de análisis financieros y corporativos que detectaron transferencias internacionales, movimientos relevantes de recursos y participación en múltiples sociedades mercantiles en el occidente del país.
Asimismo, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Con estas acciones coordinadas, autoridades de ambos países buscan debilitar financieramente al CJNG y frenar un esquema que, durante años, habría afectado a miles de ciudadanos estadounidenses, especialmente adultos mayores que perdieron los ahorros de toda su vida.