Con una votación de seis magistrados contra tres, el máximo tribunal —de mayoría conservadora— concluyó que la IEEPA “no autoriza al presidente a imponer aranceles”, cerrando así una de las principales herramientas que Trump utilizó para impulsar su agenda económica y diplomática.
El fallo se refiere específicamente a los aranceles denominados “recíprocos” que el mandatario aplicó de manera generalizada a socios comerciales. No obstante, la decisión no afecta gravámenes sectoriales como los impuestos al acero, aluminio o la industria automotriz, que fueron establecidos bajo otras normativas.
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El argumento constitucional
En su resolución, la Corte fue clara: si el Congreso hubiera querido otorgar al presidente la facultad extraordinaria de imponer aranceles mediante la IEEPA, lo habría hecho explícitamente, tal como ocurre en otras leyes comerciales.
La Constitución de Estados Unidos asigna al Congreso —no al presidente— la autoridad para establecer impuestos y aranceles. Sin embargo, Trump invocó la IEEPA, una ley diseñada para regular transacciones económicas en contextos de emergencia nacional, para fijar gravámenes a prácticamente todos los socios comerciales del país sin aval legislativo.
La sentencia del alto tribunal confirma decisiones previas de instancias inferiores que ya habían considerado ilegales esos aranceles. En mayo, un tribunal comercial bloqueó la mayoría de los gravámenes al considerar que el Ejecutivo se había extralimitado, aunque la medida quedó temporalmente en suspenso tras la apelación del Gobierno.
Impacto económico y posible reembolso
Durante su segundo mandato iniciado en enero de 2025, Trump amplió el uso de los aranceles, una estrategia que ya había empleado entre 2017 y 2021 como herramienta de presión en negociaciones comerciales.
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Además de los aranceles con fines estrictamente comerciales, el presidente impuso tarifas especiales a países como México, Canadá y China, argumentando razones vinculadas al tráfico de drogas y la migración irregular.
La administración proyectaba que los gravámenes generarían billones de dólares en ingresos en la próxima década. No obstante, economistas del Penn-Wharton Budget Model estimaron que los aranceles aplicados bajo la IEEPA ya habían recaudado más de 175 mil millones de dólares. Tras el fallo, parte de esos recursos podría tener que ser reembolsada.
El Gobierno no publica datos oficiales de recaudación desde mediados de diciembre, lo que añade incertidumbre sobre el impacto fiscal real de la medida.
Un precedente sobre los límites del poder ejecutivo
Trump se convirtió en el primer presidente en utilizar la IEEPA para imponer aranceles de manera amplia, ampliando los márgenes del poder ejecutivo en distintos frentes desde su regreso a la Casa Blanca, incluidos temas migratorios, despidos en agencias federales y despliegues militares.
El mandatario defendió reiteradamente su política arancelaria como esencial para la seguridad económica de Estados Unidos. En declaraciones previas, sostuvo que sin esos gravámenes el país quedaría “indefenso” frente a economías como China, a la que acusó de aprovecharse comercialmente de Washington durante años.
Con esta sentencia, la Corte Suprema establece un precedente clave sobre los límites del poder presidencial en materia comercial y reafirma el papel del Congreso como autoridad central en la imposición de aranceles.