La propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue respaldada por unanimidad de los 61 legisladores presentes en la sesión y se mantiene sin modificaciones, incluyendo su implementación gradual hasta el año 2030.
¿Cómo quedará la jornada laboral?

El proyecto establece que por cada seis días de trabajo, las personas deberán gozar de al menos un día de descanso con salario íntegro. Aunque durante el debate se planteó que la reforma reconociera explícitamente dos días de descanso por cinco de trabajo, el dictamen conserva la redacción original.
El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, defendió el esquema progresivo y explicó que ya se trabaja en una plataforma electrónica que permitirá supervisar el cumplimiento de la nueva jornada una vez que entre en vigor.
Pago de horas extra y límites
El dictamen contempla que las horas extraordinarias se paguen con un 100 por ciento adicional sobre el salario normal y no podrán exceder 12 horas semanales, distribuidas hasta en cuatro horas diarias en un máximo de cuatro días.

Si se rebasa ese tope, el empleador deberá cubrir un 200 por ciento adicional. Asimismo, se prohíbe que menores de 18 años realicen trabajo extraordinario.
Aplicación gradual hasta 2030
El régimen transitorio prevé una reducción escalonada a partir de 2026:
- 2026: 48 horas semanales
- 2027: 46 horas
- 2028: 44 horas
- 2029: 42 horas
- 2030: 40 horas
El dictamen subraya que la disminución de horas no implicará reducción de sueldos, salarios ni prestaciones.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy (Morena), informó que las reservas y propuestas de modificación se presentarán directamente ante el Pleno para su discusión.
Legisladores de Morena, PT y PVEM respaldaron la reforma al considerar que la gradualidad permitirá ajustes por sector sin afectar la economía. En tanto, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su apoyo a la reducción, aunque pidieron precisar el esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso e incluir incentivos que mitiguen posibles impactos en empleo y productividad.
