Guanajuato, Gto.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el proyecto que negaría el amparo de la periodista Myrna Susana Gómez, quien fue amenazada y sometida a desplazamiento forzado al solicitar protección.
Ella ha solicitado que se reconozca su derecho a una protección integral y no solo medidas paliativas como las que ofrece el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas.
La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato señaló que esta decisión podría ser un precedente que exija al Estado más que solo escoltas y botones de pánico. En su lugar una verdadera atención a quienes enfrentan violencia y amenazas debería incluir seguridad efectiva, acceso a la vivienda, trabajo y educación.
Vida Pública
Article 19 denuncia dos agresiones a periodistas de Guanajuato durante bloqueos
¿Qué denuncia el caso de Myrna Susana Gómez?
La periodista Myrna Susana Gómez solicitó la adopción de un plan integral de protección que fuera acorde con la situación de riesgo que enfrentaba tras recibir amenazas directas contra ella y sus dos hijas menores de edad.
De acuerdo con las fuentes, las medidas que efectivamente le fueron otorgadas por la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección incluyeron:
- Reubicación temporal de su ciudad de origen a otra localidad.
- Apoyos de carácter asistencial como alojamiento y alimentación.
- Acceso a internet y un botón de asistencia.
- Coordinaciones con autoridades estatales para su seguridad.
Sin embargo, estas medidas fueron insuficientes, de acuerdo con lo que la periodista argumentó, estas eran de carácter paliativo y asistencial. Se limitaban principalmente a apoyos de subsistencia, pero sin implementar un plan que atendiera de manera integral su contexto de riesgo.
Vida Pública
Diputada critica al fiscal Vázquez Alatriste por opacidad en agresiones a periodistas
También implicaron el desplazamiento forzado ya que ella y sus dos hijas menores de edad tuvieron que abandonar su domicilio, sus pertenencias y sus actividades cotidianas.
No se instrumentaron acciones estructurales que garantizaran el ejercicio efectivo de su labor periodística ni se proporcionó la protección reforzada exigible por su condición de mujer periodista y madre.
Por último, argumentó que las autoridades no aseguraron un esquema de protección que fuera oportuno, contextualizado e integral para salvaguardar su integridad física y emocional, así como el interés superior de sus hijas.