Guanajuato, Gto.- El Grupo Parlamentario de Morena (GPMorena) en el Congreso del Estado de Guanajuato enfrentó un tropiezo jurídico que podría poner en riesgo su intento de frenar la contratación de una deuda por 4 mil millones de pesos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó este martes a los legisladores que la acción de inconstitucionalidad que promovieron no cumple con un requisito formal esencial: en lugar de copias certificadas, presentaron copias simples de las constancias que acreditan su calidad de diputadas y diputados.
La notificación emitida en los estrados del máximo tribunal indica que, en consecuencia, fijó un plazo de cinco días hábiles para que las y los diputados de Morena en Guanajuato exhiban copias certificadas de los documentos que acreditan su personalidad.
El requerimiento debe remitirse de forma digital y con certificación que acredite el contenido de los documentos, según consta en el propio acuerdo de la SCJN.
De no hacerlo, advirtió la Corte, la solicitud sería desechada.
Denuncian falta de claridad, pero fallan en solicitud a la Corte
El recurso promovido por el GPMorena busca impugnar la autorización de la deuda de 4 mil millones de pesos que el Poder Legislativo estatal aprobó para que el gobierno de Guanajuato contrate créditos destinados a proyectos de obra pública en los 46 municipios, bajo el argumento de que no existe claridad ni especificidad sobre el destino de esos recursos ni proyectos concretos.
El argumento central es que el Ejecutivo estatal no detalló con precisión en qué obras se empleará el dinero, lo que, a juicio de los morenistas, violaría principios de transparencia y control legislativo, según explicó la diputada sonorense Hades Aguilar Castillo.
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En su intervención ante medios y redes sociales, la legisladora aseguró que “no estamos a favor de la deuda que pagará el pueblo de Guanajuato y sus hijos de 4 mil millones de pesos”, y defendió su acción legal ante la SCJN a fin de evitar que se dé un “cheque en blanco” al gobierno estatal sin reglas claras ni transparencia en el uso de esos recursos.
Sin embargo, mientras el GPMorena insiste en frenar el endeudamiento de 4 mil millones de pesos bajo el argumento de falta de transparencia y legalidad, la acción de inconstitucionalidad que promovió incumplió con un requisito básico desde el origen: acreditar formalmente su personalidad con copias certificadas y no simples ante la SCJN.
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