Guanajuato, Guanajuato.- Por primera ocasión en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato se logró consolidar dos sindicatos para los empleados, con el objetivo de brindar seguridad laboral y certidumbre ante la reforma prevista para 2027, así como mejorar las condiciones y salarios de los actuarios que arriesgan su vida en el ejercicio de sus funciones.
Los sindicatos, denominados Trabajadores de Base (STB) y Trabajadores de Confianza (STC), buscan proteger a los empleados y colaboradores que sostienen el funcionamiento del Poder Judicial del Estado de Guanajuato, ya que existen antecedentes de despidos masivos, estrategias legales para no renovar contratos y jornadas de hasta 14 horas que rebasan lo permitido por la ley.
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En entrevista, María Flora Dionisio Montiel, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Confianza, dio a conocer que el principal objetivo es evitar que el personal sea víctima de despidos injustificados ante los cambios que puedan presentarse, además de recalcar que sindicalizarse es un derecho.
“Son los primeros sindicatos del Poder Judicial con miras a los cambios que vienen con la reforma judicial. Vimos lo que ocurrió a nivel federal y queremos enfrentar el cambio velando por los derechos de los trabajadores, que actualmente están desprotegidos”, comentó.
Dionisio Montiel, quien tiene 28 años de servicio en el Poder Judicial, señaló que aún existen áreas de oportunidad y que los sindicatos buscan ser un conducto ante el Consejo del Poder Judicial para plantear sus demandas, pese a rumores sobre posibles despidos de quienes decidan afiliarse.
“Ahorita necesitamos convocar a más agremiados para amplificar la fuerza que buscamos. Desgraciadamente hubo rumores de que iban a despedir a quienes se sindicalizaran, cuando en realidad es un derecho que la ley nos otorga”, expresó.
El Sindicato de Trabajadores de Confianza cuenta con 24 integrantes registrados y prevé sumar 10 más tras una jornada informativa realizada en el Salón Bicentenario del Poder Judicial del Estado, en la capital.
Además de los actuarios, existen oficiales judiciales que laboran más de 12 horas diarias sin que se hayan actualizado ni homologado sus sueldos, pese a que su trabajo los expone a riesgos en distintas zonas del estado, señaló Dionisio Montiel.
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Por su parte, María Daniela Rangel González, secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Base, informó que actualmente cuentan con 38 integrantes y buscan escuchar sus inquietudes para fortalecer la justicia laboral al interior del centro de trabajo.
“Tenemos varias incertidumbres laborales; proponemos acompañamiento, asesoría y cercanía con el gremio para proteger su certeza ante lo que viene”, concluyó.