Guanajuato, Gto.– El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal estatal con la finalidad de adicionar el tipo penal de financiamiento y apoyo al terrorismo, para homologar la legislación penal sustantiva de Guanajuato al Código Penal federal.
Al hacer uso de la voz, el diputado Alejandro Arias Ávila manifestó que la propuesta pretende ofrecer al operador jurídico un tipo base para sancionar por financiamiento al terrorismo mediante la aportación de recursos económicos y materiales con conocimiento de que serán utilizados para el delito de terrorismo.
Además, dijo, se tendrá tipificado el apoyo logístico que aporten al delito de terrorismo las personas que realizan acciones consistentes en capacitar, preparar, entrenar, adiestrar a personas con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos, grupos u organizaciones que realizan actos considerados como terrorismo en el estado o sus municipios.
Opinión
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El legislador señaló que los problemas de los disturbios que genera la delincuencia que se están viviendo en estos tiempos en el país y en particular en la entidad deben ser combatidos con eficacia, pues sin duda constituyen actos terroristas.
Reforma sería una herramienta relevante para combatir terrorismo
Arias Ávila argumentó que de aprobarse la reforma se incorporaría una herramienta relevante para el sistema de justicia penal, ya que en la práctica puede resultar complejo para el operador jurídico acreditar la responsabilidad de quien prepara o aporta personal, especialmente cuando no interviene de manera material en la ejecución de actos terroristas y su participación bajo figuras como la coautoría o la complicidad implica dificultades probatorias.
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Finalmente, el congresista apuntó que se propone establecer que se impondrá la misma pena señalada en el artículo 245, sin perjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos que resulten, al que por cualquier medio que fuere ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos, recursos materiales o humanos o de cualquier naturaleza o capacite, prepare, entrene o adiestre personas con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos, grupos u organizaciones que realizan actos considerados como terrorismo en el Estado o sus municipios.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.
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