Guanajuato, Gto.- Para garantizar una educación inclusiva y combatir la estigmatización en las aulas, la diputada Maribel Aguilar Castillo, de Morena, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación para el Estado de Guanajuato. La propuesta busca que el marco jurídico reconozca formalmente la neurodivergencia y obligue a las autoridades a implementar ajustes pedagógicos diferenciados.
Desde la tribuna, la legisladora reveló cifras obtenidas mediante solicitudes de acceso a la información que ponen de manifiesto la magnitud de la población estudiantil que requiere atención especializada:
Reveló que más de 30 mil estudiantes de educación básica son atendidos actualmente por servicios de educación especial en el estado y que se tienen registrados al menos 1 mil 525 alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y 2 mil 483 con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
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La diputada denunció que la Secretaría de Educación estatal carece de registros sobre rezago educativo y casos de bullying vinculados a estas condiciones, lo que invisibiliza la gravedad del problema.
“La falta de datos específicos impide dimensionar la magnitud real del problema y evaluar si las políticas públicas actuales son eficaces o simplemente insuficientes”, señaló Aguilar Castillo.
¿En qué consiste la reforma de neurodivergencia?
La iniciativa propone integrar el concepto de neurodivergencia como el reconocimiento a la diversidad en el funcionamiento neurológico y cognitivo, abarcando condiciones como el TEA, TDAH y la dislexia.
Los puntos clave de la propuesta son:
- Asegurar el acceso, permanencia, participación y logro académico mediante apoyos pedagógicos personalizados;
- Incorporar formalmente la neurodivergencia en los objetivos del proceso educativo y en el propósito de la educación especial;
- Obligar a la creación y mantenimiento de una base de datos actualizada de estudiantes neurodivergentes para el diseño científico de políticas públicas;
- Establecer la obligación legal de adoptar medidas que diferencien la atención pedagógica según las necesidades de cada alumno.
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Actualmente, la falta de un marco jurídico claro deja a miles de estudiantes a merced de voluntades individuales en los planteles, sin un sistema que los proteja del rezago o la discriminación.
Con esta reforma, se busca que el Estado asuma la responsabilidad de brindar una educación que no solo reciba al alumnado, sino que potencie sus capacidades.
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