Guanajuato, Guanajuato.- Ante una crisis hídrica que mantiene en sobreexplotación a 19 de los 20 acuíferos de la entidad, el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa de reforma al Código Territorial para el Estado y los Municipios para armonizar la ley local con la nueva Ley General de Aguas de 2025, priorizando la justicia social y la sostenibilidad sobre la visión puramente administrativa.
Al presentar la iniciativa en tribuna, el diputado Luis Ricardo Ferro Baeza alertó sobre la inviabilidad del modelo actual. Dijo que Guanajuato enfrenta un déficit anual de recarga superior a los mil millones de metros cúbicos, lo que compromete el acceso al vital líquido en el mediano y largo plazo.
Aunque el 94 % de las viviendas en el estado cuentan con agua entubada, Ferro Baeza denunció que la realidad cotidiana de los ciudadanos está marcada por tandeos (racionamiento) prolongados, fugas constantes, coberturas de saneamiento desiguales, falta de transparencia en tarifas y calidad del agua, y organismos operadores con rezago operativo y financiero.
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La iniciativa propone que el servicio de agua potable deje de verse como un trámite burocrático para entenderse como un bien público esencial. Entre los cambios más significativos destacan:
Se establece la prohibición de suspender totalmente el suministro de agua potable para uso doméstico, incluso en casos de falta de pago, garantizando el mínimo vital por derecho humano.
Además, la planeación del servicio deberá incorporar enfoques de género, discapacidad, interculturalidad e intergeneracionalidad.
La propuesta señala que los periodos de gestión de los organismos operadores deberán coincidir con el periodo constitucional de los ayuntamientos para asegurar una rendición de cuentas efectiva.
De la misma manera, se refuerza el papel del Gobierno estatal como ente coordinador y garante, sin vulnerar la autonomía municipal.
También se impulsa la participación ciudadana y la educación ambiental como herramientas clave para reducir la presión sobre los recursos hídricos.
El legislador enfatizó que la reforma no solo busca eficiencia técnica, sino justicia social. “La Constitución es clara: toda persona tiene derecho al acceso diario, salubre y asequible de agua para consumo personal”, señaló, al subrayar que la nueva normativa obligará a los municipios a operar bajo criterios de derechos humanos.
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La iniciativa fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su análisis y dictamen. De aprobarse, Guanajuato se convertiría en uno de los primeros estados en alinear su legislación territorial con los estándares de gobernanza democrática hídrica establecidos a nivel federal en 2025.