Guanajuato, Guanajuato .- Desde el Congreso del Estado se lanzó un llamado de alerta ante la falta de acuerdos en el Ayuntamiento de Silao para la aprobación del Presupuesto de Egresos 2026. Mientras que la Comisión de Hacienda advierte sobre riesgos financieros graves, la oposición atribuye la parálisis a una falta de capacidad política de la alcaldía.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda, calificó la situación como “preocupante”. Explicó que, bajo la Ley de Disciplina Financiera, si un municipio no aprueba su presupuesto, se ve obligado a operar únicamente con los recursos básicos, lo que compromete el crecimiento de la ciudad.
“Sería muy lamentable que un municipio tan trascendente se quede sin proyectos. La falta de acuerdos pone en riesgo la llegada de inversiones y la concurrencia de recursos estatales y federales”, señaló Zanella.
Ésta parálisis podría extenderse durante todo el año
El legislador panista enfatizó que ésta parálisis podría extenderse durante todo el año si no hay voluntad política, lo que afecta directamente a los ciudadanos.
Ante esto, tendió un puente de mediación desde el Congreso para destrabar el conflicto: “Mi mano está extendida para colaborar en la construcción de este diálogo”.
En contraste, la diputada de Morena, Hades Aguilar, fue tajante al señalar que la responsabilidad recae exclusivamente en la presidenta municipal, Melanie Murillo Chávez. Para la legisladora, la falta de mayoría es síntoma de una mala gestión interna.
“Si el PAN no sabe construir la mayoría necesaria, es un problema de su presidenta”, afirmó Aguilar.
La diputada sugirió que el freno al presupuesto se debe a que no prioriza el beneficio social: “Si los regidores de Morena no han aprobado el presupuesto es porque no se garantiza que beneficie a quienes más lo necesitan; no permitiremos imposiciones ni negocios como el tema de los semáforos”.
Vida Pública
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Mientras no se logre el consenso, Silao deberá seguir operando con el presupuesto del año anterior, lo que implica una limitación técnica para iniciar nuevas obras de infraestructura o programas sociales de gran escala en 2026.