Guanajuato, Guanajuato.- Mariana Paulina Almanza Marroquín es la madre de la pequeña que murió hace justo un año en una balacera con elementos de la Fiscalía General del Estado. La mujer denunció que no hay avances en la investigación, que no hay personas vinculadas al caso y que el fiscal no quiere recibirla.
La mujer se manifestó este miércoles en el jardín principal, a unos metros de la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García, y del fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, aunque permaneció separada por vallas de seguridad y elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.
“Hoy hace un año mi hija fue asesinada por agentes de investigación criminal. A un año no hemos podido acceder a la justicia. Nuestra carpeta ha sido obstaculizada en múltiples ocasiones. No han hecho una investigación eficiente. Hemos solicitado ya con el fiscal general, Alatriste, una audiencia, la cual nos han negado por escrito. Y exigimos justicia. Estamos aquí para visibilizar esto ante la gobernadora”, denunció la mujer.
Dijo que la respuesta del fiscal es que recibirla “no es oportuno; solamente eso nos han contestado”, señaló la mujer, quien criticó que no le permitieran el paso.
“Se supone que esto también es para el pueblo. Nosotros somos sanmiguelenses y también queremos escuchar lo que tiene que decir la gobernadora y las personas que están ahí representándonos”, dijo desde varios metros atrás mientras se celebraba la sesión solemne del Congreso del Estado para festejar el aniversario 200 de San Miguel de Allende como ciudad.
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Mariana Paulina Almanza recordó que Alana tenía ocho años cuando fue asesinada.
“Fue por una denuncia falsa que hicieron en contra de su padre. Giraron una orden de aprehensión, siendo que Alan, el papá de mi hija, un día antes estuvo en la Fiscalía y pudo ser detenido. Sin ningún protocolo y con exceso de fuerza ejecutaron una supuesta orden de aprehensión y balearon nuestra camioneta, donde iban mis dos hijas menores, con más de 26 proyectiles que impactaron el vehículo. Uno de esos proyectiles terminó en el cuerpo de mi hija y fue la causa de su muerte. Ella fue asesinada por balas de agentes de investigación criminal”, dijo con la voz entrecortada.
Incluso reveló que trataron de criminalizar a Alan, su esposo. “Y es por eso que estamos enfrentando investigaciones de la Fiscalía”, señaló.
Mariana Paulina Almanza afirmó que la carpeta de investigación no presenta progreso alguno, debido a que la autoridad otorga prórrogas constantes. Según su testimonio, la Fiscalía General del Estado niega de forma sistemática la realización de los actos de investigación solicitados por la familia, a pesar de la existencia de pruebas balísticas y otras evidencias en el caso.
“Tienen todo para empezar y siguen sin hacer nada”, sentenció la madre de la víctima.
Insistió en que, hasta la fecha, no existen personas imputadas ni detenidas y que los presuntos responsables continúan en libertad. Almanza hizo énfasis en la situación de la hermana de su esposo, quien —según dijo— no enfrenta acusaciones formales pese a los señalamientos de la familia.
La mujer exigió una revisión a fondo de la carpeta de investigación por parte del fiscal general. También pidió la intervención del Congreso para frenar la impunidad en el estado y solicitó que se castigue con todo el peso de la ley a quienes presenten denuncias falsas que desvíen el curso de la justicia.
El caso de Alana
La mañana del 11 de marzo de 2025, Alana viajaba en una camioneta junto a su padre, Alan “N”, su hermana y un escolta. Se dirigían hacia su escuela por la carretera San Miguel de Allende-Dolores Hidalgo cuando sufrieron una agresión.
De acuerdo con testimonios de la familia, vehículos particulares con vidrios polarizados y agentes vestidos de civil interceptaron el paso sin identificarse. Al creer que se trataba de un intento de secuestro o de un ataque del crimen organizado, el conductor intentó escapar, lo que desató una persecución y una balacera. En el fuego cruzado, Alana recibió impactos de bala en el abdomen y el tórax. Sus últimas palabras, según relató su padre, fueron: “Papi, me dieron, tengo sangre”.
Posteriormente se confirmó que los agresores eran agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), quienes pretendían ejecutar una orden de aprehensión contra el padre de la niña por una denuncia de tentativa de feminicidio interpuesta por su propia hermana —la tía de Alana— en el marco de una disputa legal por una herencia y propiedades, entre ellas el balneario Escondido Place.
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Alana murió horas después en un hospital a causa de las heridas. Fue sepultada el día en que cumpliría nueve años.
Alan “N” fue detenido inmediatamente después de llevar a su hija al hospital. En un inicio, la Fiscalía lo señaló a él y a su escolta por poner en riesgo a las menores y por presuntamente disparar contra los agentes.
El caso se volvió complejo debido a que el padre fue liberado y reaprehendido en tres ocasiones consecutivas por diversas acusaciones —tentativa de feminicidio y violencia familiar— derivadas del conflicto con su hermana.
La madre de Alana y su defensa han denunciado un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes ministeriales, así como una presunta parcialidad de las autoridades estatales a favor de la tía de la niña. También han solicitado la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y han dirigido peticiones directas a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo.
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