Guanajuato, Gto.- La Comisión de Movilidad y Seguridad Vial analizó tres iniciativas de reforma a la Ley de Movilidad del Estado; una para garantizar la eliminación del cobro a los adultos mayores en el servicio de transporte público, gratuidad para las personas que ejercen labores de cuidado de personas con discapacidad y eliminar la obligación de renovar periódicamente la licencia de conducir tipo A
La propuesta para eliminar el cobro de transporte a los más de 580 mil adultos mayores en la entidad recibió observaciones críticas. Los especialistas señalaron que la reforma modifica artículos de forma aislada y carece de armonización con el sistema tarifario vigente. Esta “fragmentación normativa” provocaría inseguridad jurídica y dificultaría la operatividad administrativa.
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Durante el análisis, se advirtió que la medida no prevé mecanismos de compensación para los concesionarios. Dado que la población de adultos mayores crece a una tasa anual del 3.5%, el costo recaería en el resto de los usuarios o en el erario estatal.
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“La propuesta transforma un ingreso tarifario en un subsidio implícito”, subrayaron los participantes, tras añadir que el diseño actual incumple principios constitucionales de sostenibilidad financiera.
En cuanto a la gratuidad para personas cuidadoras, la mesa técnica indicó que el tema debe esperar la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Cuidados a nivel federal para evitar contradicciones.
Además, se detectó una inconsistencia técnica: el esquema planteado otorga un trato más favorable al cuidador que a la propia persona con discapacidad. La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco reconoció que, aunque las iniciativas visibilizan problemas reales, el sistema de transporte actual en los municipios aún no garantiza una verdadera inclusión ni cuenta con la infraestructura adecuada.
Iniciativa para eliminar renovación de licencia tipo A permanece en análisis
Sobre la intención de eliminar la renovación periódica de la licencia tipo A fue calificada como “no viable” por diversas autoridades presentes. Los argumentos principales contra esta medida son: La falta de actualización de datos impide un control sistemático de los conductores; en Guanajuato ocurren en promedio 600 muertes por accidentes de tránsito al año. La renovación funciona como un filtro de revisión periódica indispensable; se dejarían de percibir ingresos tributarios por trámites de renovación.
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Por su parte, los autores de la iniciativa defendieron que el objetivo no es vulnerar las finanzas, sino reducir la carga burocrática y los costos para el 30% de los guanajuatenses que conducen un automóvil.
La diputada Pedroza Orozco informó que la comisión solicitó información adicional a la Ciudad de México sobre los resultados de la licencia permanente en dicha urbe. Una vez que reciban estos datos, los legisladores integrarán el dictamen final para emitir el sentido de su voto.
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