Guanajuato, Guanajuato .- La comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado aprobó este miércoles dos puntos de acuerdo impulsados por el grupo parlamentario de Morena. Las iniciativas buscan dignificar el trabajo en el sector ladrillero y garantizar la autonomía de los pueblos indígenas.
El exhorto impulsado por el diputado David Martínez Mendizábal insta a la Comisión Mixta para la Atención del Sector Ladrillero a dar un seguimiento integral a los productores de León.
Martínez Mendizábal recordó que, aunque el PAN rechazó inicialmente una partida de 17 millones de pesos para este sector en el presupuesto 2025, es un avance positivo que ahora se sumen a la continuidad del proyecto de 15 hornos ecológicos.
El objetivo es ofrecer alternativas sostenibles y condiciones de vida dignas para las y los trabajadores que operan en la informalidad y bajo riesgos sanitarios.
Además, a propuesta de la diputada Plásida Calzada, se aprobó un exhorto dirigido a 12 ayuntamientos (entre ellos San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y Xichú) para garantizar la consulta permanente a comunidades indígenas.
“Salvaguardamos a sectores históricamente vulnerados, reafirmando el compromiso de sustituir la indiferencia por una cultura de respeto”, puntualizó la legisladora.
Esta medida busca que cualquier acción administrativa que afecte el entorno o derechos de los pueblos originarios sea consensuada, cumpliendo estrictamente con la Ley estatal en la materia.
Durante la sesión, también se dio cuenta de la iniciativa de la diputada María Eugenia García Oliveros, que busca establecer cuotas de inclusión laboral para personas transgénero, travestis, transexuales y no binarias en el servicio público.
Esto pretende reformar la ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la ley de Educación para el Estado de Guanajuato, la ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género.
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La Comisión acordó formalizar una mesa de trabajo el próximo 15 de abril a las 10:00 horas. En este encuentro participará la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado (PRODHEG), el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía (IPLANEG) y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal.