Un juez federal instruyó a la Secretaría de Gobernación (Segob) restablecer el funcionamiento de ambas aplicaciones en un plazo máximo de tres días tras ser notificada la resolución. La decisión representa un giro relevante en el conflicto legal que involucra a empresas vinculadas al empresario Ricardo Salinas Pliego.
La resolución fue emitida por el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien determinó que la Dirección General de Juegos y Sorteos incurrió en irregularidades al sancionar a la empresa operadora Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V.
Según el fallo, la autoridad vulneró derechos fundamentales como el de audiencia y el debido proceso, lo que llevó a conceder el amparo solicitado por la parte afectada.
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De la suspensión al fallo judicial
El origen del conflicto se remonta al 12 de diciembre de 2025, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició una revisión sobre al menos 13 casas de apuestas en el país, entre ellas Bet365 y Betano.
Posteriormente, la Secretaría de Gobernación ordenó la suspensión de operaciones de estas plataformas, argumentando posibles riesgos relacionados con actividades ilícitas.
Sin embargo, el análisis judicial concluyó que el procedimiento seguido por la autoridad fue inconsistente, particularmente en la forma en que se determinó sancionar a una empresa específica.
De acuerdo con la sentencia, la propia Dirección General de Juegos y Sorteos reconoció que varias compañías se encontraban en condiciones similares, pero la elección de Ganador Azteca se realizó de manera aleatoria, lo que vulneró principios legales básicos.
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Un triunfo legal con futuro incierto
Aunque la resolución permite el regreso inmediato de las plataformas, el caso aún no está completamente cerrado. La Segob tiene la posibilidad de impugnar el fallo, lo que podría llevar el litigio a una segunda instancia.
Por ahora, la decisión judicial representa un avance significativo para las empresas involucradas y para el entorno de apuestas en línea en México, en una disputa que combina regulación, intereses económicos y control institucional.