El dictamen fue aprobado con 87 votos a favor y 41 en contra, alcanzando la mayoría calificada requerida, por lo que ahora será enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación definitiva.
Durante la discusión en lo particular, el pleno aceptó una reserva presentada por la senadora Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo (PT), con la cual se eliminaron las modificaciones propuestas al artículo 35 constitucional relacionadas con la revocación de mandato. De esta forma, este mecanismo se mantiene sin cambios.
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La legisladora argumentó que la revocación de mandato y los procesos electorales tienen objetivos distintos, por lo que combinarlos podría afectar su naturaleza democrática, aunque reiteró el respaldo de su bancada al proyecto del Ejecutivo federal.
El Senado también rechazó otras reservas promovidas por legisladores tanto del oficialismo —incluido Morena— como de la oposición, entre ellos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, así como de sus aliados PVEM y el propio PT. En consecuencia, los cambios a los artículos 115, 116 y 134 fueron aprobados en sus términos originales.
Entre las medidas más relevantes se establece que los ayuntamientos podrán conformarse con una sindicatura y hasta 15 regidurías, mientras que los congresos estatales deberán operar con un presupuesto que no supere el 0.7 por ciento del gasto total de cada entidad.
Asimismo, la reforma fija que ningún consejero ni magistrado electoral podrá percibir un salario superior al de la persona titular del Ejecutivo federal, en línea con la política de austeridad.
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El proyecto también contempla una reducción progresiva del presupuesto del Senado, con el objetivo de alcanzar un recorte acumulado del 15 por ciento en los próximos cuatro años.
El llamado “Plan B” retoma elementos de la propuesta original que no logró avanzar previamente y mantiene como eje central la austeridad, la disminución de privilegios y la optimización del gasto público en materia electoral.
Días antes, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la reforma incluye mecanismos tecnológicos de fiscalización, límites salariales y ajustes en la estructura de representación local.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha reiterado que es necesario reducir el gasto en procesos electorales y en el financiamiento a partidos políticos como parte de una política de racionalización del presupuesto público.