Desde el 28 de febrero de 2026, el conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán ha reconfigurado los mercados energéticos globales con una velocidad que recuerda los grandes choques del siglo pasado. El precio del crudo Brent superó los 120 dólares por barril en las primeras semanas del conflicto, el precio del gas natural registró incrementos superiores al 50% en los mercados de referencia internacionales, y la Agencia Internacional de Energía calificó la situación como el mayor desafío de seguridad energética de la historia moderna. Lo que ocurre en el Estrecho de Ormuz no es, para Guanajuato, un evento geopolítico distante: es un choque exógeno con capacidad de transmitirse directamente a la estructura productiva del estado.
El mecanismo de transmisión no es el que domina el debate público. La atención nacional se ha concentrado en si subirá o no el precio de la gasolina en la bomba, un riesgo que el gobierno federal puede contener, al menos temporalmente, mediante estímulos al IEPS. El problema de fondo es otro. El corredor industrial León-Silao-Irapuato-Celaya —que concentra plantas automotrices de General Motors, Honda, Mazda y Toyota, además de proveedores de autopartes, curtidurías e industria agroalimentaria— opera con gas natural como combustible de proceso y diésel como insumo logístico. Ambos energéticos carecen del mismo escudo fiscal que la gasolina al consumidor. Desde el inicio del conflicto, el precio del diésel ya registró un incremento de 1.48 pesos por litro a nivel nacional sin que la Secretaría de Hacienda haya activado estímulo compensatorio.
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El efecto no se detiene en los costos de producción. Una industria manufacturera de exportación, como la que ancla el crecimiento del estado, opera con márgenes ajustados y contratos de largo plazo. Cuando los costos energéticos suben de forma súbita e incierta, la respuesta natural de las plantas es diferir inversión, reducir turnos y frenar la contratación. En un estado donde el sector secundario representa casi 40% del PIB y la manufactura sostiene el empleo formal de mayor calidad, ese ajuste tiene consecuencias directas sobre los indicadores laborales. Un choque de estas dimensiones, de prolongarse, podría revertir parcialmente los avances en formalización del empleo que el estado ha registrado en los últimos años.
Guanajuato no produce petróleo ni gas, pero los consume de manera intensiva para generar el valor que lo posiciona como el quinto estado exportador del país. Esa es su fortaleza estructural y, ante un choque energético global, su mayor punto de vulnerabilidad. La discusión de política pública en el estado no debería limitarse a observar los precios en la gasolinera: debería anticipar los efectos sobre la actividad industrial, construir mecanismos de información temprana sobre el impacto en costos sectoriales y abrir el debate sobre diversificación energética en el corredor industrial antes de que el siguiente choque exógeno llegue sin red de contención.
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