La nueva legislación contempla la aplicación de la pena capital mediante ahorcamiento y bajo condiciones de confidencialidad, además de restringir de manera significativa los derechos de los acusados. Entre los cambios más relevantes, se elimina la necesidad de unanimidad judicial para dictar la sentencia —bastará una mayoría simple— y se suprime el derecho de apelación.
Aunque el texto establece que la norma podría aplicarse a cualquier persona, en la práctica su alcance se limita a acusados palestinos, ya que será ejecutada únicamente en tribunales militares de Cisjordania, donde solo se procesan este tipo de casos. En contraste, los ciudadanos israelíes, incluidos colonos, continúan siendo juzgados en tribunales civiles.
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La ley también define el terrorismo como actos destinados a “negar la existencia del Estado de Israel”, una formulación que, según críticos, excluye de facto a ciudadanos israelíes, incluso en situaciones similares, lo que ha generado señalamientos por discriminación.
El principal impulsor de la iniciativa fue el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien celebró la aprobación al considerarla un mensaje de disuasión. La propuesta contó con el respaldo del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, así como de otras fuerzas políticas, incluidas agrupaciones de oposición y partidos ultraortodoxos.
Entre las disposiciones adicionales, la normativa establece un régimen de aislamiento casi total para los condenados y permite que las ejecuciones se lleven a cabo de forma secreta. No obstante, la ley no tendrá efecto retroactivo para detenidos por los ataques del 7 de octubre de 2023, aunque el Parlamento analiza otra propuesta que sí contemplaría esa posibilidad.
La aprobación ha provocado fuertes críticas de organismos de derechos humanos. El centro legal Adalah calificó la legislación como una medida “extremadamente violenta y discriminatoria”, al considerar que institucionaliza la pena de muerte de manera selectiva contra la población palestina.
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Además, la organización advirtió que aplicar este tipo de leyes a residentes de territorios ocupados podría constituir una violación del derecho internacional, por lo que anunció que impugnará la norma ante el Tribunal Supremo israelí.
El debate sobre esta reforma se da en un contexto de creciente tensión en la región, donde las decisiones legislativas en materia de seguridad continúan generando divisiones tanto a nivel interno como en la comunidad internacional.