De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el uniformado formaría parte de un grupo delictivo integrado por siete personas provenientes del Valle de México, quienes se hacían pasar como miembros de La Familia Michoacana y operaban principalmente en los municipios de Toluca y Metepec.
Acusaciones y posible condena
Las autoridades señalaron que, en caso de ser declarado culpable, el imputado podría enfrentar una pena de hasta 90 años de prisión, lo que impediría que obtenga su libertad.
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El grupo criminal al que presuntamente se vinculaba está encabezado por los hermanos José Alfredo Hurtado Olascoaga y Johnny Hurtado Olascoaga, quienes son considerados objetivos prioritarios y por los cuales autoridades estadounidenses ofrecen recompensas para su captura.
Operaba mientras estaba en funciones
Las investigaciones apuntan a que el pasado 26 de noviembre de 2025, Luis Gerardo “N” y otros sujetos armados habrían privado de la libertad a un empresario, a quien mantuvieron dentro de un vehículo mientras lo golpeaban y le exigían dejar de vender electrodomésticos.
Durante el ataque, los agresores presuntamente lo amenazaron con obligarlo a pagar cuotas periódicas, y para liberarlo le habrían quitado 35 mil pesos.
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Las indagatorias también revelan que el policía mantenía vínculos activos con esta célula criminal, de la cual ya han sido detenidos tres integrantes, incluido él, mientras que otros cuatro ya fueron identificados y continúan prófugos.
Robos y presunto apoyo desde la corporación
De acuerdo con reportes de inteligencia, el grupo delictivo también estaría relacionado con robos a casa habitación en Toluca y Metepec, enfocándose principalmente en víctimas de la tercera edad.
En este contexto, “El Mando” presuntamente facilitaba las operaciones del grupo al proporcionar vigilancia y monitoreo para evitar la detección por parte de las autoridades.
Postura del Ayuntamiento
Tras los hechos, el gobierno municipal de Toluca, encabezado por Ricardo Moreno Bastida, aseguró que no habrá tolerancia ante actos ilegales cometidos por servidores públicos.
La administración subrayó que cada funcionario es responsable de sus acciones y reiteró que no se permitirá ningún tipo de encubrimiento o privilegio fuera del marco legal.