Guanajuato, Guanajuato .- Padres de familia de la comunidad La Laguna, en Pénjamo, piden que las autoridades de educación intervengan para que la directora de la secundaria les entregue cuentas claras sobre la aplicación de los programas que apoya el gobierno del Estado. Señalan que ya le han pedido esa informción a la directora, pero sin que haya respuesta.
Salvador Flores Sierra, representante de los afectados, señaló que la directora impuso comités a su conveniencia en ciclos anteriores, lo que derivó en una nula claridad sobre el destino del dinero. La situación escaló con la llegada del programa federal “La Escuela es Nuestra“.
“Pedimos información sobre ese programa, no nos quiso ni siquiera informar quiénes son los integrantes del comité. Queríamos saber el plan de trabajo, en qué se iba a invertir el dinero y simplemente nos decían que eso no nos correspondía a nosotros saberlo“, explicó Flores Sierra.
Existen sospechas de que las obras ejecutadas en el plantel presentan costos inflados
De acuerdo con los testimonios, existen sospechas de que las obras ejecutadas en el plantel presentan costos inflados. Además, los padres acusaron una presunta colusión con servidores de la nación, quienes habrían impuesto a las empresas constructoras en lugar de permitir que el comité eligiera libremente a los trabajadores.
Al respecto, Flores detalló: “según las servidoras, ellas son las que dicen ‘esta empresa es la que les va a trabajar’, cosa que nosotros pues no [aceptamos]”.
La directora de la escuela Secundaria Técnica número 29, es Dulce Ruiz Gallardo. A pesar de que los inconformes acudieron a la subdelegación de la Secretaría de Educación en Abasolo y a las oficinas centrales en Guanajuato capital, la respuesta fue nula. Los afectados aseguran que los supervisores escolares se limitan a respaldar la postura de la directora Ruiz Gallardo.
“La última respuesta que nos dieron es que la directora tiene la autoridad y ella puede decidir lo que ella quiera porque la escuela es su responsabilidad”, lamentó el denunciante.
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La queja también abarca el manejo de la parcela escolar y el cobro de cuotas voluntarias que, en la práctica, fueron obligatorias para la recepción de documentos de inscripción. Según los padres, los informes presentados por la dirección son ilegibles o carecen de sustento documental real, por lo que exigen una investigación abierta y transparente por parte de las autoridades educativas del estado.