Guanajuato, Guanajuato.- Para robustecer la protección y el bienestar de la infancia en Guanajuato, la comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables analizó el dictamen que integra siete iniciativas de reforma a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del estado. Este proyecto legislativo abarca desde el fortalecimiento de las Procuradurías Auxiliares y la creación de un registro estatal para hijos de víctimas de feminicidio o desaparición, hasta la regulación del uso de dispositivos móviles en el entorno escolar y medidas para erradicar el trabajo infantil.
Durante la sesión, la diputada Ana María Esquivel Arrona logró la aprobación unánime de una reserva al artículo 3, la cual redefine el trabajo infantil como cualquier actividad —remunerada o no— realizada por menores de 18 años que afecte sus derechos y desarrollo integral, alineándose con el marco constitucional federal. En sintonía con las necesidades actuales, el legislador Oscar Enrique González Espinosa impulsó cambios en los artículos 19 y 48 para regular el uso de la tecnología en las aulas. Su propuesta busca que los dispositivos no interfieran en el aprendizaje y que tanto autoridades como tutores garanticen entornos seguros frente a la violencia cibernética; cabe destacar que una de sus reservas será discutida nuevamente debido a un empate en la votación.
La importancia de una perspectiva intercultural al legislar sobre el trabajo infantil
Por otro lado, el diputado David Martínez Mendizábal enfatizó la importancia de una perspectiva intercultural al legislar sobre el trabajo infantil. Argumentó que es vital distinguir entre la explotación y los procesos de aprendizaje comunitario propios de comunidades indígenas y familias migrantes, siempre priorizando el interés superior de la niñez sin avalar el abuso laboral.
El planteamiento contempla también la creación de Comités Municipales para la Erradicación del Trabajo Infantil, que tendrán la tarea de diseñar y coordinar las acciones necesarias para eliminar este fenómeno en los 46 municipios del estado.
Además de este dictamen, la comisión aprobó las metodologías de estudio para diversas iniciativas que buscan armonizar leyes locales en materia de igualdad sustantiva, lenguaje incluyente y erradicación de la trata de personas. Estos procesos incluirán consultas exhaustivas a organismos como la Fiscalía General, la Procuraduría de Derechos Humanos y los 46 ayuntamientos. Un punto destacado es el compromiso de realizar consultas directas con niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y comunidades indígenas para asegurar que sus voces se integren en la normativa.
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Finalmente, se dio curso a una reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad, que obligará a grandes establecimientos comerciales, oficinas gubernamentales y hospitales a contar con dispositivos de asistencia a la movilidad.