León, Guanajuato.- La COPARMEX León pidió que existan normas claras y garantías de protección para quienes trabajan en la formalidad, tras la resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó a la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial, con el fin de evitar el lavado de dinero.
El presidente del organismo empresarial, Michel Sojo Quiroz, afirmó que, si bien están a favor de cualquier medida que combata actividades delictivas, esta debe contar con controles, certeza jurídica y protección para quienes operan dentro de la legalidad.
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“Aún no sabemos bien los procedimientos; lo que sí sabemos es que México necesita herramientas fuertes para combatir el lavado de dinero, y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero también necesitamos límites claros; el problema puede ser la falta de controles y contrapesos, y cualquier facultad puede prestarse a abusos”, dijo.
Según la sentencia de la SCJN, emitida el 6 de abril en seguimiento a dos casos de empresas de origen extranjero que intentaron impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas por la Secretaría de Hacienda —mientras se encuentran bajo investigación por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita—, esta medida cautelar respeta la seguridad jurídica y garantiza el derecho de audiencia de quienes se vean afectados.
La Coparmex advirtió que un congelamiento de cuentas paraliza por completo la actividad de una empresa y puede conducirla a la quiebra. Ante la preocupación generada por esta sentencia, Sojo Quiroz afirmó que, desde el organismo a nivel nacional, solicitarán diálogo con el Poder Judicial y expertos en la materia para conocer a profundidad sus alcances.
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“Para una empresa, que le congelen una cuenta no es un trámite, es paralizar su operación, su nómina y su cadena de pagos. No podemos poner en el mismo saco a delincuentes y a contribuyentes formales; el sistema debe distinguir claramente entre ambos. En COPARMEX siempre proponemos mesas de diálogo con el sector empresarial y expertos, para construir mecanismos que permitan combatir delitos sin generar incertidumbre”, expresó.