El principal sospechoso, identificado como Josué Raúl “N”, fue detenido el 10 de abril en el fraccionamiento Mulchechén, ubicado en el municipio de Kanasín, a pocos kilómetros de Mérida.
De acuerdo con las autoridades, el detenido sería responsable de la producción y distribución de material de abuso sexual infantil a través de internet.
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Investigación inició tras denuncia internacional
El caso tiene origen en una alerta emitida en noviembre de 2025 por autoridades de Australia, que fue canalizada a la Fiscalía General de la República (FGR) mediante su oficina de enlace en México.
Las investigaciones fueron impulsadas inicialmente por la Policía de Queensland, especializada en delitos sexuales y abuso infantil, que detectó la circulación de contenido ilícito desde julio de 2023.
Gracias a la colaboración internacional, se identificó que el material presuntamente era producido en territorio mexicano.
Modus operandi: contacto con menores y venta de contenido
Las indagatorias señalan que el imputado habría operado durante aproximadamente una década, utilizando redes sociales para contactar a menores de edad.
Posteriormente, presuntamente los inducía a participar en actos sexuales o de exhibicionismo, los cuales grababa y comercializaba en línea.
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Además, se informó que el detenido se desempeñaba como entrenador de equipos de fútbol infantiles y juveniles, lo que facilitaba el contacto con posibles víctimas.
Cateo, aseguramientos y proceso legal
Tras reunir pruebas suficientes, el Ministerio Público Federal, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, obtuvo una orden de aprehensión que fue ejecutada con apoyo de la Secretaría de Marina.
Durante el operativo en el domicilio del imputado, las autoridades aseguraron diversos dispositivos electrónicos, entre ellos:
- Teléfonos celulares
- Tabletas electrónicas
- Tarjetas SIM y memorias Micro SD
También se aseguró el inmueble como parte de la investigación.
¿De qué delito se le acusa?
Josué Raúl “N” fue presentado ante un juez de control y enfrenta cargos por su presunta participación en el delito de trata de personas en su modalidad agravada.
Este delito contempla la inducción de menores de edad a realizar actos sexuales o de exhibicionismo con fines de explotación.
La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el imputado permanecerá bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social de Mérida mientras se define su situación jurídica.