Salamanca, Guanajuato.- Alejandro Arroyo Cárdenas, vicepresidente de la CMIC región Salamanca, destacó que por lo menos un 20 por ciento de las empresas constructoras han pausado de manera temporal sus actividades ante las adversidades que enfrenta el sector, entre ellas la inseguridad y las extorsiones, lo que ha llevado a retrasar entregas de obras debido a que no existen condiciones para realizarlas, como lo hizo público Irma Leticia González Sánchez, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en la entidad (SICT).
“Se estima que en Guanajuato hay poco más de 3 mil empresas constructoras y, de estas, por lo menos 500 han cerrado, convirtiéndose además en el sector que más desempleo ha generado. Si por lo menos tenían 10 empleados cada una, más de 5 mil trabajadores se han quedado sin trabajo, y eso no lo confirman los números del IMSS; las altas patronales están muy por debajo de lo que normalmente se tenían”, precisó el representante de la región Salamanca, que integra además a Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Yuriria, Uriangato, Moroleón y Santiago Maravatio.

En tema de inseguridad, dijo que en la zona que representa solo se tienen reportes de robos al menudeo de materiales como cemento, arena o alguna máquina; a diferencia de la región de Celaya, donde ya se han suspendido obras e incluso se han tenido que rescindir contratos, aseguró.
Señaló que los constructores no tienen manera de blindarse: “Salimos con la bendición de nuestras familias y de quienes creemos, porque hay que llevar el pan a la casa; por ello, muchos constructores han cerrado sus empresas y buscan otra fuente de ingresos, ya que no pueden seguir por el tema de inseguridad. Desde 2025 la obra pública cayó considerablemente, lo que ha llevado a que los constructores desistan y se dediquen a otra cosa”.
“Las extorsiones sí son una realidad; parece irrisorio que para diciembre se incrementen. Las autoridades dicen que tiene que ver con que esas personas también necesitan dinero para el aguinaldo; aunque no se tienen estadísticas de cuántas extorsiones se registran. Corremos riesgos todos los días; los constructores estamos expuestos porque una obra es abierta. Son pocas las obras que se realizan completamente cerradas y con cierta seguridad. La construcción es una actividad muy expuesta y sí hemos sido sujetos de inseguridad; aunque la mayoría de los robos menores no se denuncian, como el de un apisonador de combustión, cortadoras o herramienta menor. Los constructores sí denunciamos cuando nos roban una máquina grande o una camioneta; sin embargo, muchas veces no se participa en la denuncia”, explicó.

En el caso de la suspensión de obras por inseguridad, señaló:
“Durante una reunión de la CMIC vimos la necesidad de solicitar al Ejecutivo y al Legislativo que modifiquen la ley para permitir la suspensión de obras por inseguridad, porque al final del día somos sujetos de riesgo, y la autoridad en todos los niveles tiene que garantizar la posibilidad de desarrollar esta actividad de manera segura. Imaginen trabajar sin seguridad; sería complicado, no es posible. Por eso estamos tratando de ver qué hacemos al respecto, porque tanto en la obra pública como en la privada hay mucha inseguridad, no lo podemos negar. De ahí la exigencia a los gobiernos de los tres niveles; no podemos tapar el sol con un dedo”, precisó Arroyo Cárdenas.
Finalmente, aseguró que el margen de utilidad de una obra es pequeño:
“Los constructores trabajamos con un margen de utilidad muy corto; hacer más con menos solo afecta al constructor, porque se ha reducido la utilidad. Los materiales, los combustibles y la mano de obra no bajan de costo”, lamentó.
