Guanajuato, Guanajuato.- “Una niña menor de 14 años se convierte en mamá todos los días”: el “contador” que expone la deuda del Congreso con las mujeres de Guanajuato. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un total de 90 días hábiles para que se elimine, por inconstitucional, la penalización del aborto en Guanajuato, tras la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025 y el Amparo en Revisión 525/2024.
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Ante este ultimátum, la diputada Sandra Alicia Pedrosa mantiene en su curul un contador manual que marca, en cuenta regresiva, los días que le faltan a la Legislatura para cumplir con la resolución. Este conteo tiene como fecha límite el 25 de septiembre, un plazo que no contempla sábados, domingos, días inhábiles ni los periodos de la Diputación Permanente, operando estrictamente durante los días de actividad en periodo ordinario.
Sobre este símbolo, la legisladora explicó que ha intentado darle un significado parecido al del pañuelo verde: “es recordarles todos los días que tenemos un pendiente, que nuestra ley sigue siendo violatoria de derechos… es insistir, es resistir”.
Para Pedrosa, el contador es una respuesta al hartazgo ante un debate que se ha centrado en dogmas personales e ideologías, ignorando que el reconocimiento de derechos es resultado de la presión social.
Este rezago legislativo impacta directamente en la realidad de la entidad: “seguimos discutiendo moralmente qué está bien y qué está mal, cuando todos los días una niña menor de 14 años se convierte en mamá aquí en Guanajuato”, puntualizó la diputada al señalar que esta es la media estadística que el estado prefiere no mirar. Además, denunció que la penalización vigente fomenta una “persecución jurídica” que afecta incluso a mujeres con abortos fortuitos o espontáneos, convirtiendo el derecho a decidir en un privilegio de clase, donde quienes tienen recursos viajan, mientras que en municipios como Xichú o Atarjea la vulnerabilidad es total.
“A nosotros, como Estado, no nos toca juzgar; nos toca garantizar”, sentenció.
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Bajo este panorama, la diputada presentó una nueva iniciativa, turnada a la Comisión de Justicia, encabezada por el diputado de Morena, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, que busca armonizar el marco local con los criterios constitucionales vigentes. Este esfuerzo es la continuación de una agenda que logró ya una reforma a la Ley de Educación del Estado, pues, según denunció: “en la Ley de Educación no se garantizaba la educación sexual… se hizo casi siendo un reflejo de la general, pero, cuando se hizo, curiosamente la parte de educación sexual se omitió”. Sobre este avance, el secretario de Educación le confirmó en la última glosa que ya existe un programa piloto con adecuaciones que arrancará en agosto en cientos de escuelas para prevenir la violencia sexual y enseñar a la niñez que “no es no”.
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