Silao, Guanajuato.- Ante la falta de acuerdos entre las autoridades gubernamentales y los habitantes de la calle Raúl Bravo, el Municipio se vio obligado a reintegrar el recurso económico a la administración estatal, el cual estaba destinado a la pavimentación. La devolución del capital se debe al vencimiento de los plazos legales para su ejecución y a la oposición que manifestaron los vecinos respecto al trazo de la vialidad en el proyecto original.
El conflicto comenzó cuando, a principios de diciembre pasado, arrancaron las labores de excavación en la calle que se encuentra en la colonia Independencia a un costado de la Prolongación 5 de Mayo. Según lo entonces expuesto por los colonos, no respetaba las necesidades de la zona ni las dimensiones adecuadas para el tránsito local.
Derivado de ello es que mostraron su inconformidad en cuanto a las dimensiones proyectadas, toda vez que, en su opinión, hace décadas los vecinos habían donado una extensión mayor de terreno en busca de que la calle quedara de tal tamaño que permitiera el tránsito cómodo, por lo que, en el caso contrario, no resolvía de fondo los problemas de movilidad en la zona.
Éstas no lograron ajustar el proyecto a satisfacción de los habitantes
Pese a que se buscaron acuerdos con las autoridades, éstas no lograron ajustar el proyecto a satisfacción de los habitantes.
Este lunes el director de Obra Pública Municipal, Jonathan Meza, reveló que el Municipio tenía como fecha límite el mes de marzo para ejercer o pagar a la empresa contratista el recurso proveniente del estado. Al no lograrse la ejecución de los trabajos en el periodo establecido, la normativa obligó a la devolución del monto que asciende a los 4.5 millones de pesos.
“Al 31 de marzo nosotros, a más tardar, tenemos que reintegrar lo que no se ejecute o no se pague…ya no tenemos esa parte del recurso y no tendríamos cómo pagarle a la empresa”.
Las autoridades sostienen que la obra se realizaba en espacios libres y no afectaba propiedades privadas ni la zona del río, los vecinos interpusieron un un juicio de amparo y recurrieron a impedimentos físicos colocándose frente a la maquinaria para detener las labores. El Municipio priorizó la integridad de los trabajadores y de la ciudadanía, por lo que detuvo los trabajos mientras el tema era resuelto por la vía jurídica, cuyo proceso continúa de manera independiente al cierre administrativo de la obra.
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Por ahora resta realizar trabajos de relleno y emparejamiento de la calle de terracería, a fin de que quede en condiciones transitables. Para esta acción que se realizará en próximos días y una vez que se tenga acercamiento con los habitantes, el Municipio utilizará recursos propios.