La petición fue presentada ante el Congreso local y aprobada este sábado, luego de que el mandatario difundiera un mensaje en redes sociales en el que argumentó que su decisión busca facilitar las investigaciones por parte de autoridades mexicanas.
“Presenté esta solicitud desde una convicción republicana, para permitir que las instituciones actúen con libertad en el proceso de investigación”, expresó.
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Reacciones de la oposición
La medida generó críticas de fuerzas políticas como Movimiento Ciudadano y el Partido Revolucionario Institucional, que consideraron insuficiente la licencia.
El excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez señaló que, aunque la separación del cargo es un paso, no resuelve el fondo del problema.
“La licencia no es suficiente. Mientras exista fuero, hay riesgo de impunidad. Se requiere el desafuero de todos los implicados”, manifestó.
Por su parte, la dirigencia del PRI en Sinaloa sostuvo que la solicitud confirma la gravedad del contexto en la entidad y exigió investigaciones a fondo, transparencia y resultados claros.
Exigen claridad y rendición de cuentas
El PRI subrayó que la ciudadanía debe conocer qué ocurrió, quiénes están involucrados y cuáles son las responsabilidades correspondientes.
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Asimismo, demandó que las instituciones mexicanas actúen con autonomía, sin protección política, y reiteró que ningún funcionario debe estar por encima de la ley.
En su mensaje, Rocha Moya rechazó los señalamientos y aseguró que no permitirá que su caso sea utilizado para afectar al Movimiento de Regeneración Nacional.
El mandatario reiteró su inocencia frente a las acusaciones presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, las cuales lo vinculan con presuntas conspiraciones relacionadas con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
“A mi familia y a mi pueblo los veo de frente. No los he traicionado y lo demostraré ante las autoridades”, afirmó.
En el mismo contexto, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también solicitó licencia provisional, por lo que Miriam Ramos Villarreal asumió el cargo de manera interina.
Entre los señalados por autoridades estadounidenses también figuran exfuncionarios y mandos de seguridad, incluidos Gerardo Mérida Sánchez y Juan Valenzuela Millán, así como otros nombres vinculados a la investigación.